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“La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es
una pieza fundamental en la lucha contra el terrorismo
yihadista”. Esta afirmación la hizo ayer el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, en la conferencia que, con
el título ‘El Estado frente al yihadismo’, pronunció en el
curso ‘El Estado de Derecho frente al fenómeno yihadista’,
en el marco de los XXIV Cursos Internacionales de Verano
Ciudad de Melilla. El curso “‘El Estado de Derecho frente al
fenómeno yihadista’ está organizado por la Universidad de
Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla con la colaboración
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y
la Asociación Melillense de Estudios Penitenciarios. A lo
largo de su intervención, el ministro del Interior puso en
valor la intensa actividad de prevención y de control de la
radicalización islámica que la Administración Penitenciaria
viene desarrollando en los últimos años, “prestando, desde
sus competencias, una atención permanente y responsable a la
gran amenaza del yihadismo, el terrorismo del siglo XXI”.
Espacios de radicalización
Fernández Díaz subrayó que las medidas contra el terrorismo
yihadista en el ámbito penitenciario son esenciales debido a
que, aunque en los últimos tiempos la captación y
radicalización de adeptos al terrorismo yihadista se ha
desplazado en buena medida a Internet y a las redes
sociales, “los centros penitenciarios continúan siendo
espacios que favorecen los procesos de radicalización y
reclutamiento”. Por ello, Instituciones Penitenciarias está
desarrollando “una notable labor”. Y como ejemplo de este
quehacer, el ministro del Interior destacó las actuaciones
derivadas del Nuevo Programa para la Prevención de las
Radicalización en los Centros Penitenciarios, “que incorpora
prácticas novedosas introducidas por otros países y adapta
nuestra respuesta a las características concretas de la
radicalización yihadista. Su objetivo es poder recoger,
analizar y sistematizar un conjunto de datos y variables
relevantes para detectar y acotar procesos incipientes o
consolidados de radicalización”. Un año después de la puesta
en marcha del nuevo programa”, “el aumento de las cifras de
internos que son objeto de seguimiento denota un concienzudo
y riguroso esfuerzo y trabajo del personal penitenciario.
Hemos pasado de tener en especial seguimiento a 87 personas
en julio de 2014 a 187 internos un año después”, explicó.
Además, según los datos ofrecidos en Melilla por el ministro
del Interior, en las cárceles españolas hay 79 condenados
por su relación con el terrorismo yihadista y 170 personas
que se podrían considerar como “radicalizadores”, de ellos
10 son mujeres. De todos modos, y para dejar claro que islam
y radicalismo no son sinónimos, “hay que señalar que en el
total de internos de religión musulmana representa un
pequeño porcentaje quienes muestran indicios de estar
sometidos a captación o radicalización”, afirmó el ministro
en su intervención.
Una labor clave para la política de seguridad Por este
trabajo de seguimiento y especialización en el fenómeno
yihadista, el ministro del Interior ha felicitado al
personal de Instituciones Penitenciarias, ya que “sin su
labor cualquier política de seguridad nacional e
internacional no podría dar sus frutos”. Fernández Díaz ha
subrayado que España cuenta con una Administración
Penitenciaria “moderna y eficaz” integrada por 68 centros de
régimen cerrado, 2 establecimientos psiquiátricos y 13
centros de inserción social, con una población reclusa
cercana a las 56.000 personas y una plantilla superior a los
24.000 funcionarios. El ministro del Interior ha resaltado
el descenso de la población reclusa: ha pasado de 59.872 a
finales de 2011 a 56.373 internos en abril de 2015; es
decir, ha bajado en 3.529 internos en 3 años y cuatro meses.
También ha destacado de esta legislatura la erradicación de
incidentes graves en las cárceles, “gracias a una adecuada
política de redistribución de internos y de un eficaz
desarrollo de medidas de seguridad”.
Desde la perspectiva socio-sanitaria, el ministro del
Interior ha afirmado que se ha potenciado la actuación sobre
los reclusos con problemas de drogadicción mediante la
creación de 10 nuevas Unidades Terapéuticas Educativas; se
ha avanzado en la implantación de la Telemedicina, generando
un gran ahorro en desplazamientos y en el empleo de
efectivos de las FCSE; y se ha asegurado la equidad en el
acceso a nuevas terapias contra la hepatitis C, mediante la
integración de la Secretaría General en el Comité
Institucional de la Estrategia Nacional para esta
enfermedad. El ministro del Interior, que ha expresado su
agradecimiento al “loable trabajo” de los más de 24.000
funcionarios de prisiones, ha destacado que “la
Administración Penitenciaria se ha convertido en una pieza
clave para las políticas de seguridad en nuestro país,
gracias a la construcción de espacios de tratamiento y
reeducación de las personas que han delinquido”.
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Seguridad/Lucha antiterrorista 
