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OPINIÓN - VIERNES, 31 DE JULIO DE 2015

 
OPINIÓN / CARTAS AL DIRECTOR

Contra la trata de personas, silencio institucional

Por Sandra López Cantero


Se ha celebrado el Día Internacional contra la Trata de Personas y no he visto a la Ciudad mostrar su repulsa y condena por este tipo de esclavitud. La lucha contra la trata de personas debe ser prioridad para toda la sociedad, pero son las instituciones las que deben asumir la responsabilidad de garantizar el acceso universal de los Derechos Humanos.

En España hay víctimas de trata extranjeras, residentes legalmente o en situación irregular; así como de nacionalidad española o nacionalidades de otros Estados miembro de la Unión Europea. Ceuta, ciudad fronteriza, ¿Alguien piensa realmente que no existe trata?

Para una mejor respuesta, haré referencia a la definición que ofrece Naciones Unidas sobre esta violación clara contra la dignidad humana “la trata es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consenti-miento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluye como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos”.

Ateniéndonos a la definición y queriendo centrarme en la trata de explotación sexual, por ser la que se da con mayor frecuencia, hay posibilidad de que la trata se produzca recurriendo al abuso de una situación de vulnerabilidad aunque no haya coacción ni engaño. En este sentido, por ejemplo, una mujer puede acceder a estar en situación de prostitución y ser explo-tada sexualmente pero no por ello dejar de ser víctima de trata si se está abusando de una situación de vulnerabilidad como la pobreza, la situación administrativa irregular, las cargas familiares, o por no conocer el país o la lengua.

Es bueno que la gente sepa que en España se están obteniendo unas ganancias ilegales de más de 112 millones de euros al año a costa de las víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual conocidas por las autoridades, según cálculos de UGT. El 85% de los beneficios económicos estimados de la trata de personas viene del comercio sexual. Cada año entre 600.000 y 800.000 personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata, de esta cifra el 80% son mujeres y niñas y el 50% son menores de edad. Por ello, la respuesta debe ser abordada desde las políticas de igualdad y desde una perspectiva integral. No podemos escatimar esfuerzos para luchar contra la esclavitud, ni permitir que en ningún país se vendan y compren personas. Tampoco podemos seguir mermando los recursos para luchar contra mafias y dar apoyo a las víctimas, ni continuar en un silencio cómplice o cobarde, según como se mire.

Y en Ceuta no podemos permanecer inmutables ante una realidad patente. Como feminista siempre he tenido claro el papel que deben representar los poderes públicos respecto a la ex-plotación sexual, y siempre he considerado la prostitución como violencia de género o violencia contra la mujer, como una violación de los derechos humanos y como otra muestra más de opresión patriarcal que coloca al hombre del lado del dominio y a la mujer de la sujeción. Las mujeres no se prostituyen, son prostituidas por clientes y proxenetas protegidos, en muchas ocasiones, por el Estado, forzadas por necesidad económica, por presiones de todo tipo, por la violencia material y simbólica, por costumbres e ideas contenidas en los mensajes culturales que nos dicen que hemos nacido para satisfacer las necesidades de los varones. Tratar a las mujeres como un objeto de usar y tirar equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Aceptar esto, es atacar directamente a la igualdad. Utilizan una falsa idea de elección y consentimiento que no reconoce los condicionamientos sociales e individua-les y el complejo proceso que lleva a una mujer a ejercer la prostitución y las diversas formas, sutiles o brutales de coerción, no siempre demostrables.

Este comercio está organizado fuertemente en torno a ideologías androcéntricas y capitalistas, su regulación soluciona supuestamente a los gobiernos problemas de inmigración y de seguri-dad ciudadana a costa de la vida y la dignidad de las mujeres, por eso ya han empezado a multar a las mujeres en vez de considerar que el cliente es el mayor prostituidor y debería ser el responsable penal. Mientras, lo que hay que hacer es cerrar los locales de alternes, los pisos y los burdeles, reinsertar a las víctimas y protegerlas, concienciarse de que existe una clara vinculación entre la violación de los derechos humanos y la prostitución y, por tanto, no cabe regularizar o reglamentar la explotación. Es vital eliminar la apariencia de normalidad de la esclavitud y obligar a los poderes públicos a evitar cualquier tipo de violencia, también a Vivas.
 

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