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El incumplimiento de una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por parte del
Ingesa, y las adjudicatarias del servicio de ambulancias de
la ciudad, MP y Ambulancias Royda, podría provocar el
embargo del parque de ambulancias de la empresa y por
consiguiente que este servicio dejara de prestarse en la
ciudad con el grave perjuicio que esta situación provocaría
para los usuarios de la ciudad.
De producirse finalmente
esta situación, sería una actitud irresponsable, ya no por
la empresa adjudicataria que presta el servicio, sino por la
Dirección Territorial del Ingesa, que como contratista del
servicio no ha velado por el buen desarrollo del mismo
durante este tiempo. No es nuevo los numerosos problemas de
cobro que han tenido los trabajadores de estas empresas de
ambulancia, algo que fue denunciado en su día por el
sindicato CCOO y que hoy el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía da la razón, y es sangrante que todavía hoy en
día, pese a existir una sentencia en firme ante la que no
cabe recurso, existan posturas indolentes y soberbias que
intenten saltarse a la torera una sentencia y hacer
prevalecer sus propios intereses. Ante este tipo de
actuaciones se echa de menos una justicia más contundente,
ágil y eficaz, ya que muchas empresas juegan con los tiempos
y contra esos resquicios existentes que más que beneficiar
al perjudicado, benefician al infractor. Las autoridades
competentes deben tomar cartas en el asunto sin más
dilación, y evitar que esta situación anunciada por CCOO
sobre una posible paralización del servicio de ambulancias
se llegue a consumar, y que a su vez los trabajadores
afectados por el impago, vean cumplida la sentencia y que se
les abone hasta el último céntimo que se les adeuda.
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OPINIÓN / EDITORIAL
