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                     La Institución reitera el 
					compromiso de la supervisión de las actuaciones de todas las 
					administraciones públicas con competencias en la materia, a 
					fin de perfeccionar los instrumentos de detección del riesgo 
					de la mujer y de sus hijos, para reducir las posibilidades 
					de agresión.  
					La cifra de 25 mujeres que durante 
					2015 han perdido la vida asesinadas por sus parejas o 
					exparejas y los 8 menores que han perdido la vida a manos de 
					su padres, deben removernos a todos y convocarnos a revisar 
					las medidas adoptadas hasta ahora para erradicar esta lacra 
					de nuestra sociedad.  
					En estos años se ha producido un 
					avance que ha permitido que las cifras de las víctimas de 
					violencia de género vayan descendiendo al mismo tiempo que 
					el rechazo de la sociedad española ante esta forma de 
					violencia aumenta.  
					Las cifras muestran que aún queda 
					mucho por hacer y que se han de revisar de manera constante 
					los instrumentos con los que cuentan las distintas 
					administraciones, que requieren una coordinación para 
					prevenir las situaciones de violencia de género, así como 
					las herramientas para la identificación y protección de las 
					mujeres víctimas de esa violencia y de los hijos.  
					El Defensor del Pueblo considera 
					urgente revisar dos cuestiones que confluyen de manera clara 
					en la protección de las víctimas: La actualización de los 
					protocolos para la valoración policial del riesgo (VPR) y la 
					valoración policial de la evolución del riesgo (VPER) en los 
					casos de violencia de género.  
					Se ha solicitado a la Secretaría 
					de Estado de Seguridad información sobre el estado de los 
					trabajos del grupo interministerial que revisa el 
					funcionamiento de estas herramientas.  
					También se destaca un 
					desarrollo urgente de las medidas previstas para el 
					reconocimiento a los menores víctimas de violencia de género 
					en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, que modifica el 
					sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Se 
					ha solicitado a los organismos competentes información sobre 
					las actuaciones previstas, tras la entrada en vigor, el 
					pasado martes, de esta norma. 
  
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