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UPyD, a través de su portavoz Andrés Herzog, anunció ayer
que su partido incluirá la reforma de la Constitución en su
programa electoral y dijo que los cambios que quieren
introducir servirían para garantizar la solidaridad y la
igualdad entre los ciudadanos “por encima” de los
territorios.
La iniciativa cuenta con el respaldo de UPyD Ceuta, cuyo
coordinador territorial es Julián Domínguez. Herzog, que se
alegró de que “ya nadie dude” de que habrá que abordar la
reforma constitucional en la próxima legislatura, rechazó
que se pueda hacer para “satisfacer las aspiraciones
nacionalistas y los intereses regionales”.
Recordó que su partido lleva ocho años defendiendo una
reforma “amplia, profunda y que aborde los problemas de
raíz” y se centró en los cambios que promoverán en el Título
VIII, el relativo a la estructura territorial y al reparto
competencial.
El propósito es delimitar “claramente” las competencias
entre la Administración central, la autonómica y la local,
para evitar duplicidades. UPyD quiere recuperar para el
Estado las competencias en educación, sanidad y justicia
para garantizar la igualdad y que sean competencias
exclusivas e intransferible del Estado la representación
internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio
ambiente, protección civil y recursos naturales.
Herzog puso como ejemplos de que el Estado está en
“liquidación por derribo” la “brecha salarial” existente
entre las autonomías, así como los índices de paro, los
datos sobre fracaso escolar, el calendario de vacunas o la
cobertura sanitaria para los inmigrantes, diferencias que
“pueden provocar grandes problemas dentro de España”. Señaló
que “todos los partidos” asumen con “normalidad” los
“privilegios” que contiene la Constitución, salvo UPyD, como
los derechos históricos del País Vasco y Navarra o las
diferencias entre nacionalidades y regiones y que ahora se
quiera introducir alguna singularidad para Cataluña. Precisó
que defienden un federalismo simétrico, solidario y que
garantice la cohesión.
entre los españoles, ha destacado que, aunque algunas
competencias sean estatales, ello no es incompatible con la
gestión descentralizada de las mismas o que haya legislación
autonómica, pero siempre “bajo la primacía de la ley
nacional”.
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unión, progreso y democracia
