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Migreurop España ha informado que
junto a otros colectivos va a interpelar al Gobierno para
reclamarle un balance sobre los primeros meses de la entrada
en vigor de la normativa que pretende “legalizar” las
“devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla.
En el contexto de la llamada
“crisis de los refugiados” que está poniendo en cuestión el
sistema europeo de fronteras y asilo, recuerda Migreurop que
se cumplen 5 meses del intento del Gobierno español de dar
cobertura legal a las “devoluciones en caliente” en la
vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, operado mediante una
modificación de la Ley de Extranjería llevada a cabo por la
nueva Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley
mordaza).
Parlamento
Los colectivos sociales que
conforman Migreurop España (Andalucía Acoge, APDHA
-Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía-, CEAR
-Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Elin y SOS
Racismo) y han impulsado una pregunta parlamentaria a través
de la senadora Maribel Mora (Podemos) para que el Gobierno
haga balance de estos primeros meses de aplicación del nuevo
marco normativo.
“Además de la flagrante
vulneración que esta modificación legislativa supone a lo
dispuesto por la Constitución española y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, opinión sostenida por
autorizadas voces del mundo jurídico, el desplazamiento del
foco de atención hacia los terribles hechos que están
aconteciendo en las fronteras del Mediterráneo central y del
Este de la UE ha producido un preocupante apagón informativo
sobre la situación de Ceuta y Melilla”, indican desde el
colectivo.
Indican que “para evitar que la
falta de información silencie las vulneraciones de derechos
que se siguen produciendo en las vallas fronterizas de estos
enclaves, y para confirmar que la nueva disposición
adicional 10ª de la LO 4/2000 (Ley de Extranjería) es tan
sólo un intento de dar un “barniz de legalidad” a dichas
vulneraciones, se ha solicitado al Gobierno que especifique
varias cuestiones.
Por un lado, “los protocolos que
se le han dado a la Guardia Civil de fronteras para la
aplicación del nuevo marco legal, y dentro de ellos, las
instrucciones concretas que se han cursado para la correcto
respeto de la normativa internacional de Derechos Humanos”.
“De otra parte, las medidas
específicas se están llevando a cabo en los perímetros
fronterizos de Ceuta y Melilla para la detección y
protección de colectivos especialmente vulnerables como
menores de edad no acompañados/as, víctimas de trata y
potenciales solicitantes de asilo”, indican. Recuerdan que
el pasado mes de junio, ante la circunstancia de que ninguna
persona de origen subsahariano haya formalizado solicitud de
asilo en las oficinas habilitadas en los puestos fronterizos
de Ceuta y Melilla a las que hace referencia la disposición
adicional durante sus primeros meses de funcionamiento, el
Ministro del Interior afirmó que “España no puede imponer a
Marruecos, criterio alguno que determine cómo debe realizar
los controles de entrada o salida de su territorio”.
… la materia de inmigración
y asilo trasciende la soberanía española…debiendo ser la UE
la que emprenda con los terceros Estados, las acciones
relativas a estas cuestiones”. Se ha requerido que se
informe de las gestiones que se han realizado por parte del
Gobierno ante los organismos competentes de la Union Europea
para solucionar esta situación.
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