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La consejera de Asuntos Sociales e Igualdad, Rabea Mohamed,
asistió ayer al pleno del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, que tuvo lugar en Madrid y que estuvo presidido
por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Alfonso Alonso Aranegui.
Uno de los asuntos que se abordó en este Consejo Territorial
y que tiene también una especial incidencia en Ceuta fue la
ampliación hasta el año 2017 de las acreditaciones
profesionales para garantizar la calidad de los centros y
servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia por parte de todas las personas que trabajan en
instituciones públicas o privadas. Esta ampliación del
tiempo para presentar la acreditación se ha debido a que
algunas autonomías no habían avanzando mucho en todas las
obligaciones derivadas del anterior acuerdo que se había
adoptado. Existirá también un convenio con el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social para incrementar a través del
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) las labores
formativas necesarias que permitan a los trabajadores de las
instituciones públicas y privadas afectadas dentro del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
obtener la mencionada acreditación. Ello no será impedimento
para que la misma pueda lograr también a través de la
experiencia profesional.
Relacionado también con la Dependencia, indicar que el
ministro Alfonso Alonso propuso la creación de un grupo de
trabajo que se encargará de analizar todos los aspectos de
la aplicación de la Ley de Dependencia, que está a punto de
cumplir sus primeros diez años de vida, a la vez que la
financiación de la misma. El objetivo está en comprobar
cuales son los aspectos que mejor han funcionado durante
este período y aplicar los cambios en los apartados donde
haya existido mayor dificultad de funcionamiento.
Otro de los puntos incluidos en el orden del día era la
presentación de un Informe sobre la Estrategia Nacional
Integral para personas sin hogar 2015-2020. De acuerdo con
datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a
2012, último año con cifras al respecto, en España hay unas
23.000 personas sin hogar que acuden a los centros
repartidos por todo el territorio nacional. La Estrategia
reconoce que existe fuentes dispares de información al
respecto entre las CCAA y las principales ciudades
españolas, si bien diferentes recuentas apuntan a que el
número ha aumentado durante los últimos años. El documento
que el Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
las CCAA y el tercer sector han consensuado busca reducir la
cifra, y se marca objetivos a medio y largo plazo.
Por otra parte, diferentes informes sobre la cuestión
indican que se han incrementado los número de personas sin
hogar más jóvenes, que hay más mujeres y más personas
mayores de 45 años; y que esta situación se hace crónica en
muchos casos, aunque también apuntan a que sube el
alojamiento en pisos y pensiones y baja ligeramente el uso
de los centros destinados a ello. Asimismo, mejora el acceso
a la sanidad de estas personas, su perfil se distancia de
personas con adicciones a drogas o a alcohol y mejora
considerablemente la valoración de los servicios a su
alcance, en buena parte porque, como igualmente recalca la
Estrategia, ha subido la inversión en asistencia. También
apuntan los informes que se registran más delitos de odio.
La Estrategia contiene medidas relacionadas con todos estos
puntos.
Asimismo se abordó el proyecto “Revisión de los sistemas de
ingresos mínimos en España desde la perspectiva de su
efectividad 2015-2017”, que tendrá un coste de 251.000 euros
y estará financiado en un 80% por la Comisión Europea.
El objetivo es revisar los sistemas de garantías de ingresos
mínimos para conocer el nivel de prestaciones que ofrecen
todas las administraciones.
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