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La consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública,
Susana Román, firmó ayer jueves en Madrid con el secretario
de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el
Convenio de colaboración con la Administración central para
la financiación de los costes de funcionamiento de la planta
desaladora.
Román ha subrayado la importancia de este acuerdo para el
sostenimiento de un servicio público básico fundamental y ha
destacado, también, que el Gobierno de España vuelve a
probar su “especial” sensibilidad para atender las
particularidades de Ceuta.
Con la firma de este convenio, como interpreta la titular de
Economía, Hacienda y Administración Pública, el Ministerio
da muestra “inequívoca” del compromiso del Gobierno que
preside Mariano Rajoy con el derecho de todos los españoles
a disfrutar de servicios básicos de calidad con
independencia de su lugar de residencia. En esa línea, Román
completó que la “ahora evidente sensibilidad” para atender,
en este caso, los condicionantes de la escasez de recursos
naturales y la extrapeninsularidad no existió con el
Ejecutivo anterior.
En el acto de firma del convenio estuvo, también, la
secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP),
Rosana Navarro.
16,3 millones desde 2012
Este es el cuarto convenio para la financiación de los
costes de producción del agua que firman Ciudad y Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas, lo que demuestra el
compromiso del Gobierno con este proyecto. Los Presupuestos
Generales del Estado para 2015 asignaron 4 millones de euros
para este fin, cantidad a la que hay que sumar los 4,1
millones de 2012, los 4,09 millones de 2013 y los 4,08
millones de 2014. En total, 16,3 millones de euros entre
2012 y 2015.
Beteta recordó que este compromiso es con los ciudadanos de
Ceuta, que carece de fuentes convencionales de agua y se ha
visto obligada a recurrir a fuentes alternativas de
abastecimiento y más costosas, motivo por el que el Gobierno
ha contribuido a su financiación, evitando que el coste
excesivo de la planta desalinizadora mermase los recursos de
la Ciudad, necesarios para la financiación de servicios
públicos a los ciudadanos.
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La Ciudad deberá desincentivar el consumo de agua excesivo o
superfluo
Este es el cuarto convenio que
firman ambas administraciones, lo que demuestra el
compromiso del Gobierno con este proyecto. Los Presupuestos
Generales del Estado para 2015 asignaron 4 millones de euros
para este fin, cantidad a la que hay que sumar los 4,1
millones de 2012, los 4,09 millones de 2013 y los 4,08
millones de 2014, lo que suma una cantidad total de 16,3
millones de euros entre 2012 y 2015. Esta financiación
cuenta con el soporte jurídico de la Directiva marco del
agua y el Texto refundido de la Ley de Aguas, que promueven
la recuperación de costes en el suministro para optimizar el
uso del agua y promover su consumo responsable. Para
lograrlo, la ciudad impulsará que se satisfagan las
necesidades básicas mediante estructuras tarifarias,
desincentivando el consumo excesivo o superfluo.
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acuerdo
