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Javier Varga defendía ayer una
propuesta a través de la cual instaba al Gobierno de la
Ciudad que solicite a EMVICESA un informe exhaustivo y
completo sobre la situación actual de las promociones
Serrano Orive, Miramar, Antiguo Poblado Legionario-Príncipe,
Loma Colmenar bajo, Monte Hacho, Patio Páramo y las 174 VPO
en Loma Colmenar alto, recogiendo todos los aspectos
indicados en la argumentación de esta moción y que dicho
informe se presente a esta Asamblea. Además también solicitó
que se revitalice el Servicio de Inspección de EMVICESA
(Empresa Municipal de la Vivienda) con vistas a erradicar
cualquier práctica o situación ilegal con respecto a las
viviendas VPO.
En este sentido, el diputado de
Ciudadanos argumentaba que todo cuanto rodea a la
adjudicación de las 317 VPO de Loma Colmenar ha producido
inquietud y zozobra entre los miles de ceutíes demandantes
de una vivienda de la citada promoción. Pero además, el caso
ya judicializado ha sido el desencadenante de desánimos,
dudas y sospechas que ahora surgen sobre otras promociones
de VPO.
Es por eso por lo que Ciudadanos
consideró ayer durante su defensa en sesión plenaria de esta
propuesta una conveniente revisión o auditoría a EMVICESA
que determine, tras un análisis técnico, el modelo y estado
de la gestión de cobros y su situación contable.
Asimismo, más allá de lo
estrictamente técnico, Varga defendió que a los ceutíes el
Gobierno les debe una información cristalina y convincente.
El Gobierno de la Ciudad tiene la obligación moral de
informar sobre el número de Viviendas Protegidas que se han
entregado en los últimos años, si están ocupadas o vacías,
si sus adjudicatarios están al día en las cuotas, y si las
viviendas son habitadas por sus titulares o por otras
personas, y en este último caso, en base a qué razonamiento
legal.
En el asunto de las viviendas
sociales, Javier Varga emplazó al Gobierno a mostrarse
absolutamente transparente y firme en el control de las
adjudicaciones. Por ello pidió que se disipe cualquier duda
sobre el uso de la VPO en nuestra ciudad y si el uso de las
mismas se ajusta a ley. Finalmente, el líder de Ciudadanos
insistió en que este trabajo de control es absolutamente
necesario, ya que para Varga “se tiene que revitalizar y
debe ser implacable ante la detección de cualquier posible
fraude”.
Consejero de Fomento
En este sentido, tomaba la palabra
el consejero de Fomento, Nestor García, quien avanzaba que
en la elaboración de los informes y expedientes forman parte
diferentes servicios autonómicos, y consideró que debe ser
la Comisión Local de la Vivienda la que lleve a cabo esa
petición realizada por parte de Ciudadanos.García indicaba
que con ello se daría una “mayor operatividad, transparencia
y control de gestión”, por eso propuso una transaccional con
la que encargar a la Comisión Local de la Vivienda un
informe sobre la situación actual sobre todos los aspectos
cuestionados desde el partido de Varga.
Dicha transaccional fue aceptada
por Ciudadanos, desde donde se mostraron esperanzados en
efectivamente poner en marcha dicho informe para disipar las
dudas existentes sobre la adjudicación de vivienda,
poniéndose fin igualmente a una etapa “oscura”.
Caballas por su parte, consideró
que un informe no es necesario ya que la situación de
EMVICESA o “Ambiciosa” se puede saber consultando sus
documentos, y argumentó que lo realmente importante es que
“se haga cumplir la ley”.
Aróstegui emplazó al Gobierno a
cumplir sus propias ordenanzas y que se persiga la
especulación en materia de vivienda. “Hoy el foco de fraude
más grande está en los alquileres y ventas ilegales de
pisos, y lo peor de todo, consentidos”, denunciaba Aróstegui
durante su intervención, quien acusaba al Gobierno de no
haber querido “mover ficha”. El diputado de Caballas instó
al Gobierno de la ciudad autónoma a actuar para acabar con
la corrupción en materia de vivienda, “aunque sean votantes
suyos la mayoría”, concluyó Aróstegui.
Vivas recriminó dicha afirmación a
Aróstegui a quien le recordó que precisamente “Caballas ha
vivido el caso de las 317 VPO muy cerca del ojo del
huracán”, y negó que el Gobierno no esté actuando para
descubrir las actuaciones de corrupción que se puedan estar
llevando a cabo. Ante la recriminación de Vivas, el diputado
de Caballas reconoció que se había extralimitado aunque
insistió en que de momento la actuación del Gobierno para
acabar con la corrupción “es cero”.
Finalmente, la medida fue
apoyada por todo el Pleno excepto por MDyC que se mostró
contraria a la transaccional presentada.
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