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ACTUALIDAD - VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2015

 

Construcciones Ilegales

El Gobierno ha venido anunciando
medidas sin resultados aparentes

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

Desde hace años, el Ejecutivo Local ha venido anunciando diversas medidas con el fin de luchar contra las construcciones ilegales, aunque parece que ninguna de ellas han dado los resultados esperados debido a la alta proliferación de este tipo de obras.

Precisamente en abril de 2012 la Ciudad y la Delegación del Gobierno, tras una reunión, acordaron intensificar la coordinación para evitar las construcciones ilegales. En aquella ocasión se realizó un repaso a la situación de la disciplina urbanística y se acordó estudiar la posible vinculación entre la construcción de viviendas ilegales y el incremento de la población que se está registrando en la ciudad.

Entre los objetivos marcados estaba el de intentar evitar que surjan nuevos asentamientos ilegales en terrenos de dominio público, ya sean suelo de titularidad de la Ciudad o propiedad de la Administración General del Estado.

En aquella ocasión, Martínez Arcas, consejero de Fomento, insistió en la necesidad de erradicar los asentamientos en los terrenos públicos, antes de que se consideren viviendas, ya que una vez en ese punto el asunto se debe de afrontar desde otra vía.

Precisamente, el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, resaltaba en una entrevista a este diario el 30 de diciembre de 2012, que existe un “procedimiento garantista” en cuanto a la lucha contra las construcciones ilegales se refiere.

Ya en enero de 2013, la responsable del área de Fomento en aquella ocasión, Susana Román, avanzaba la externalización de un contrato, por valor de 500.000 euros, para llevar a cabo la demolición de construcciones ilegales

Y es que, “tirar una vivienda no es fácil”. Y la situación se complica aún más cuando muchos ‘propietarios’ de esas casas ilegales demandan una legalización que les permita acceder sin barreras a servicios básicos luz, agua o alcantarillado. De ahí que el Ejcutivo local haya “intensificado los medios, revisado el procedimiento para cumplir con un doble objetivo”. Por un lado, constatar la infracción y por otro “agilizar” los trámites para proceder al derribo.
 


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