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El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado
“el incumplimiento una vez más de la legislación vigente por
parte del Gobierno del señor Vivas, en esta ocasión la Ley
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno”.
Recuerda la formación que en palabras de la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, “la Ley de
Transparencia es inaplazable para que los ciudadanos
recuperen la confianza en las instituciones y los
gobernantes”.
“Sin embargo parece que a Ceuta esa recuperación no ha
llegado, ni en lo económico, ni en lo social ni como ahora
denunciamos en lo político”, explican desde el Movimiento
por la Dignidad y la Ciudadanía. El próximo día 10 de
diciembre se cumple el plazo para la implantación de las
obligaciones que la Ley 19/2013 impone.
“Ejemplos tan sencillos como la Declaración de Intereses de
los concejales siguen sin incluirse en la página de la
Ciudad, y eso que al menos el Grupo Municipal del MDyC los
entregó en junio, en un cuestionario mal hecho que incluía
datos no publicables”, recuerdan desde la formación que
lidera Fátima Hamed.
“Ahora, culparán a los trabajadores de su falta de
inclusión, como siempre eludiendo las responsabilidades”,
indican desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía.
Desde la perspectiva del MDyC se entiende la transparencia
“como un instrumento para ser más democráticos, por ello
nuestros y nuestras ciudadanas deben tener acceso a todas
las informaciones que les incumben; la Ciudad no tiene su
propio portal de transparencia como si existen en otras
administraciones (http://www.algeciras.es/es/ayuntamiento/transparencia/).
“No sólo hay que dar el dato: hay que suministrar
información”, sentencian desde la formación política.Por
ello el MdyC exigirá al Gobierno del Partido Popular que
cumpla con las obligaciones de la Ley y abra el portal de la
transparencia a todos los ceutíes. La Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la
transparencia de la actividad pública, regular y garantizar
el derecho de acceso a la información relativa a aquella
actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que
deben cumplir los responsables públicos.
La Ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a
todo el sector público estatal, así como a otras
instituciones, como son la Casa de Su Majestad el Rey, el
Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal
Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el
Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de
Cuentas o el Consejo Económico y Social.
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movimiento por la dignidad y la
ciudadanía
