ACTUALIDAD - VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2005

CEUTA
Verónica F.
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El preacuerdo alcanzado esta misma semana en materia de Justicia arroja un poco de luz a una situación de ‘inmovilidad absoluta’ que se vive en esta cartera ministerial desde hace más de dos años aunque, ni mucho menos, supone un acuerdo inmediato entre sindicatos y Ministerio para poner fin a una situación que tiene paralizada la oferta pública de empleo en este sector desde 2003, año en que hubo oposiciones por última vez.

Los trabajadores están cansados por las continuas movilizaciones y protestas para defender una situación que consideran injusta y que ha supuesto la creación de 47 plazas de interino, sólo en la ciudad de Ceuta, para hacer frente a una carencia más que evidente de personal que impide proporcionar a la ciudadanía unos servicios judiciales de mayor calidad.

Esta situación viene derivada del llamado ‘Pacto de Justicia’ confeccionado durante el mandato del PP y que, según afirma Ramón González, presidente de la Junta de Personal de Justicia, “aún no se ha llevado a cabo por el actual Gobierno socialista”. Esta reforma integral de la Justicia española supone, entre otros aspectos, cambiar la denominación de las categorías profesionales, que los trabajadores asuman nuevas competencias y un régimen de acceso a los puestos de trabajo del sector totalmente distinto al actual.

La realidad es que este pacto no se ha puesto en marcha y que los juzgados están absolutamente desbordados porque no hacen más que asumir competencias y carecen de personal suficiente.

El ‘culpable’ de todo este caos (falta de acuerdos entre sindicatos y Ministerio, movilizaciones de los funcionarios de Justicia, colapso en los juzgados) no es otro que el actual responsable de esta cartera ministerial, Juan Fernando López Aguilar, porque, a juicio de González, “no escucha a los trabajadores”. Una situación que, según él, denota falta de interés en la gestión de su cartera ministerial hasta el punto de que señala que “para hacerlo tan mal hay que poner interés” puesto que “no es posible que tanto retraso y caos en la justicia sea producto del azar o la casualidad”.

Según explica el presidente de la Junta de Personal y máximo responsable de Justicia del sindicato CSI-CSIF de Ceuta, “no es normal que, en un año y medio de mandato, el Ministro no se haya reunido nunca con los trabajadores y más, después de las movilizaciones que hemos llevado a cabo por este motivo”.

Los sindicatos no entienden el por qué de esta situación aunque esperan que “una vez que se hayan completado las transferencias y el Ministerio gestione tan sólo los órganos centrales, Ceuta y Melilla, disminuya el volumen de trabajo y, entonces, nos escuchen ya que esto afecta al 90 por ciento de los trabajadores de Justicia”.

De momento, las negociaciones cuentan con varios interlocutores: sindicatos, Gobierno y todos los representantes de las comunidades autónomas transferidas, lo que, a juicio de Ramón González, “contribuye a dificultar aún más el consenso ya que cada Comunidad Autónoma vela por sus intereses”.

Por el momento no hay previstas nuevas movilizaciones y los sindicatos están a la espera de que el preacuerdo alcanzado sea ratificado por los trabajadores “sólo entonces proseguiremos negociando otros puntos hasta llegar a los realmente importantes”. Aunque González ya ha se ha mostrado decepcionado con el “talante del que tanto ha presumido el PSOE”.
 

Ceuta será uno de los proyectos piloto de la nueva Oficina Judicial

La Ciudad Autónoma será una de las once ciudades españolas que, en 2006, participen como experiencia piloto de la nueva Oficina Judicial diseñada para reorganizar, de forma integral, el sistema judicial español.

Este modelo, incluido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003, contempla una novedosa forma de aplicar los servicios judiciales de apoyo (notificaciones, embargos, ejecuciones, ordenación de procedimientos) que serán comunes para los juzgados. Con ello, se pretende descargar al juez de tareas burocráticas y agilizar y modernizar la Justicia mientras que se reforzará el papel del secretario judicial.

Al tiempo que se prepara la puesta en marcha de esta ‘revolución’ en la Justicia, el Ministerio continúa con las negociaciones para culminar el proceso de transferencia de competencias antes de que finalice la legislatura en 2007. Actualmente, sólo ocho comunidades autonómas tienen competencia en esta materia y el Gobierno está en conversaciones avanzadas con los representantes de Aragón y Asturias, por lo que se prevé que ambas puedan gestionar el ámbito de la Justicia a lo largo de 2006.

Una de las comunidades que ya ha asumido las competencias en Justicia, es la Comunidad Valenciana que, para Ramón González, es un ejemplo a seguir ya que la situación allí es “maravillosa”.