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El 30 de mayo. Esta es la fecha de
la nueva convocatoria a las elecciones de la Cámara de
Comercio, que han terminando por anularse, en vez de
aplazarse, lo que implica que los comicios deberán
convocarse de nuevo. Se abrirá un nuevo plazo electoral
durante el que, los dos candidatos volverán a hacer campaña
y finalmente, se señalará una fecha en el calendario para
que los empresarios ceutíes vayan a votar. Los que vayan.
Porque si en pasadas elecciones la participación apenas
llegaba al 20 por ciento, un proceso tan largo y polémico
como este acabará por desinteresar a los electores. O esto o
todo lo contrario, porque nunca se sabe el efecto que puede
causar una promoción exhaustiva de un hecho como este, con
unas elecciones a la vista. Lo que sí está claro es que esta
larga marcha de aplazamientos y anulaciones, de querellas
judiciales y denuncias ante la Junta Electoral, hacen un
flaco favor a la transparencia del proceso. Un proceso cuyas
normas, mejores o peores, más o menos enrevesadas,
pertenecen al Reglamento interno de la institución y son las
mismas en todas las cámaras de comercio de España.
La causa de la anulación definitiva ha sido el recurso
presentado por el candidato Ramesh Chandiramani en el que
exigía la suspensión del proceso electoral “por haberse roto
la libertad de voto” al anularse la jornada electoral
prevista el pasado jueves. Esta cancelación implica que el
voto por correo, origen de toda la controversia, pierde su
validez. Y otra vez a empezar gracias a declaraciones,
complicaciones y recursos que no hacen más que entorpecer un
proceso que hasta ahora era claro.
En este caso, Ramesh Chandiramani se ha salido con la suya y
ha conseguido, cuanto menos, la repetición del proceso,
aunque éste se volverá a realizar de la misma forma y podría
volver a suscitar la misma desconfianza. Ahora sólo hay que
esperar a que el día 30 los electores hablen... si es que
les dejan.
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OPINIÓN / EDITORIAL
