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El reciente escándalo de corrupción inmobiliaria ocurrido en
Marbella, la llamada operación ‘Malaya’ que ha terminado con
3 ediles en la cárcel y casi 20 imputados, ha propiciado la
respuesta inmediata del Gobierno. En el Consejo de Ministros
celebrado el pasado sábado se tomaron tres medidas de
urgencia: la disolución del Ayuntamiento de Marbella, del
que se hará cargo una gestora; la creación de 25 nuevas
plazas de fiscales para prevenir el fraude y perseguir
delitos relacionados con el Medio Ambiente; y la aprobación
del desarrollo de la Ley del Catastro Inmobiliario. Esta ley
obliga a los Ayuntamientos a informar al catastro del
planteamiento y los desarrollos urbanísticos, lo que
permitirá un seguimiento de los cambios de calificación del
suelo con el fin de prevenir acciones fraudulentas y
garantizar la transparencia.
Este Real Decreto, que desarrolla un texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por un Real Decreto
legislativo del 5 de marzo de 2004, llega en un contexto en
el que Ceuta se esfuerza en recuperar algunas de las
competencias que perdió, precisamente durante el gobierno
del GIL, como es la de urbanismo.
Para la portavoz del Gobierno, Elena Sánchez, la reversión
de las competencias en materia de urbanismo no debería tener
nada que ver, ni con la aparición de la ley, ni con el
escándalo de Marbella. “Cualquier Ayuntamiento con más de
50.000 habitantes tiene competencia en urbanismo. Nosotros
tenemos un dictamen del Consejo de Estado en el que se
recomienda la devolución de esta competencia y no creo que
esta ley vaya a cambiar nuestras legítimas
reivindicaciones”, explicó Elena Sánchez.
En relación a la obligación de informar al catastro de toda
novadad urbanística o intento de recalificación de suelos,
Elena Sánchez aseguró que en la Ciudad Autónoma ya existe un
convenio y un técnico adscrito al catastro que transmite
directamente todos los cambios en materia de urbanismo. “El
catastro depende de la Administración General del Estado por
lo que esta comunicaciçon puntual, nosotros ya lo
cumplíamos, aunque nos parecen bien todas las iniciativas
dirigidas a fomentar la transparencia en la gestión de las
administraciones”, indicó.
Por su parte, María Antonia Palomo, destacó la iniciativa
del Gobierno como un “esfuerzo por dar transparencia al
mercado inmobiliario, además de dar eficacia al intercambio
de información entre ayuntamientos y catastro y entre el
catastro y los usuarios particulares”.
La Ley del Catastro desarrolla diferentes aspectos del
procedimiento de cooperación entre el catastro, la agencia
tributaria, los ayuntamientos y los notarios y registradores
de la propiedad, que se basa en el uso de las nuevas
tecnologías. Así, según la nueva normativa, los ciudadanos
pueden obtener las certificaciones catastrales directamente
mediante el acceso telemático a través de la Oficina Virtual
del Catastro. También a través de Internet, cualquier
individuo puede acceder a la información catastral y obtener
datos protegidos de sus propiedades, siempre que dispongan
de certificado de firma electrónica o DNI digital. “Además,
se establecen puntos de información catastral en todos los
ayuntamientos que lo deseen para que cualquier ciudadano
pueda acceder a sus datos si carece de Internet en casa”,
dijo Palomo.
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Palomo pregunta a Vivas sobre la postura en urbanismo de
Rajoy
María Antonia Palomo no consideró
que las últimas medidas de Zapatero dirigidas a controlar
fraude de dinero público destinado a inversiones
urbanísticas no tienen por qué interferir en la devolución
de la competencia urbanística a la Ciuadad Autónoma. “Somos
partidarios de la autonomía de los ayuntamientos”, explicó
la líder del PSOE ceutí.
Sin embargo Palomo lanzó una pregunta a Juan Jesús Vivas.
“Teniendo en cuenta que Rajoy dijo que las competencias de
urbanismo deberían ser recuperadas por el Estado y Vivas
quiere recuperarlas para Ceuta, ¿está nuestro presidente
contradiciendo al líder carismático de su partido?”
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vivienda / ley del catastro
