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Las personas que sufren una discapacidad tendrán que
demostrar lo que valen. Éste es el propósito con el que los
alumnos del proyecto de Integración y Dinamización hacia el
Empleo (IDEM) tendrán que responder ante la perspectiva de
posibles ofertas laborales. Los cursos, financiados en un 70
por ciento por el Fondo Social Europeo y en un 30 por ciento
por el Gobierno de la Ciudad, no ofrecen una garantía de
trabajo directo al término de las clases, el próximo verano.
A pesar de contar con un período de prácticas, que los
alumnos realizarán en diferentes asociaciones de la Ciudad,
será necesario demostrar todo lo que aprendieron para lograr
quedarse como asalariados. Del mismo modo que cualquier otro
estudiante. Procesa, empresa pública que gestiona los fondos
europeos en el desarrollo de programas para favorecer la
inserción laboral, la formación y la salida de la exclusión
de diferentes colectivos ‘en riesgo’, no puede asegurar un
puesto de trabajo en una empresa privada. Aunque “vamos a
poner en ello todo nuestros esfuerzos”, informaron desde la
sociedad de fomento. De hecho, la mayoría de los perfiles
profesionales que saldrán del proyecto IDEM podrán
desempeñar su labor, sobre todo, en centros y asociaciones
públicas. Desde Procesa se insiste en que estos alumnos
saldrán con unas competencias fundamentales en asistencia
domiciliaria, optimización del ocio y tiempo libre,
conocimientos de Braille –lenguaje de las personas
invidentes- y capacitación para la asistencia a ancianos,
niños y a otras personas con discapacidad. Sin embargo, la
labor ulterior queda en manos de los propios alumnos. La
consejera de Bienestar Social, Yolanda Bel, aseguró que
privilegiar a un colectivo en detrimento de otro –jóvenes
recién licenciados, mujeres con problemas de inserción
laboral, etc.- sería incurrir en un agravio comparativo en
el que ninguna administración desea caer. No obstante, desde
la Consejería, recordó, “existen diferentes ayudas que todo
el mundo puede solicitar para la creación de proyectos y la
constitución de nuevas empresas”.
Bel insistió además en que la integración en el mundo
laboral “es complicada para todo el mundo y, en el ámbito de
la discapacidad, mucho más difícil”. Por este motivo,
manifestó, “hemos querido comenzar la casa por los
cimientos, no por el tejado” a través del proyecto IDEM,
pionero en España por englobar a grupos que padecen las tres
discapacidades: física, psíquica y sensorial.
Unos cursos a los que los alumnos acuden becados –alrededor
de 300 euros por persona al mes- y que “les ofrece una
formación privilegiada”, sostuvo. No obstante, aseguró,
“habrá un período de seguimiento durante las prácticas que
realicen en diferentes asociaciones ceutíes”, donde también
recibirán su compensación económica. Tanto desde Procesa
–dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda- como
desde los servicios sociales, recordaron que la última
palabra la tienen las personas que padecen una discapacidad.
Los medios están ahí, pero la labor debe ser de ellos. El
trabajo con las asociaciones será continuo, insistió la
consejera y portavoz del Gobierno, sin embargo, “la
iniciativa propia de los estudiantes será determinante a la
hora de incorporarse”. Como Ayuntamiento, aclaró, no podemos
hacer más de lo que estamos haciendo. El responsable de
Programas en Procesa, Javier Fernández, avanzó que si estas
personas demuestran todo lo que han aprendido, las
asociaciones no podrán prescindir de ellas.
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