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La Consejería de Seguridad Ciudadana de Melilla se ha puesto
en contacto con distintas ciudades, entre ellas, Ceuta, para
conocer sus experiencias y aprovecharlas para la elaboración
del informe que la Ciudad Autónoma debe remitir con las
prestaciones técnicas de estos mecanismos de vigilancia.
Desde hace más de un mes, los técnicos melillenses se
encuentran confeccionando un documento sobre las
características de las cámaras, que el gobierno local deberá
presentar en Granada ante la Comisión de Garantías de
Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA).
El consejero de Seguridad Ciudadana de Melilla, Ramón Antón,
explicó recientemente que su área de gobierno se ha puesto
en contacto con otras ciudades que sí han obtenido el visto
bueno de la Comisión de Videovigilancia del TSJA, como es el
caso de Ceuta o Málaga, para conocer sus experiencias de
cara a obtener también un resultado positivo. La Ciudad
Autónoma siempre ha reiterado la legalidad de las cámaras de
vigilancia que la Ciudad instaló en diferentes puntos de
Ceuta. La difunta consejera de Fomento, Elena Sánchez,
reconoció en su día que “es cierto que existe una Ley que
obliga a llevar a cabo una serie de trámites y a solicitar
autorizaciones” pero “también es cierto que existe una
Disposición Transitoria que excepciona en materia de
tráfico”.
La Ciudad defendió que, según esta Disposición, los
encargados de autorizar la instalación de estas cámaras de
vigilancia son o bien el presidente de la Ciudad, Juan
Vivas, o bien el consejero de Gobernación, Manolo Coronado.
Además, se informó que existían otras dos excepciones que no
requieren autorización; “la de la instalación de cámaras
instaladas para prevenir”, como las que la Ciudad ha ubicado
en el monte, “y la de las destinadas a retransmitir vistas
panorámicas fijas”. Por lo tanto, el Ejecutivo mostró empeño
en defender el proyecto de las videocámaras.
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