|
“En este país cualquier partido que no sea el PP o el PSOE
que ostente el poder en algún municipio o autonomía es un
enemigo que hay que eliminar”. Con estas palabras explicaba
durante la mañana de ayer el abogado defensor de Antonio
Sampietro, Fernando Martínez, su parecer acerca del proceso
que, horas después, dio comienzo en la sección sexta de la
Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta.
Tras una larga jornada de testimonios, prestaron declaración
los tres acusados en el proceso: Antonio Sampietro, ex
presidente de Ceuta por el grupo GIL; Susana Bermúdez,
tránsfuga socialista que posibilitó la ruptura del
tripartito y el ascenso del GIL al poder, y Francisco
Cazalla, ex marido de la anterior.
Todos ellos respondieron a lo largo de la tarde a las
preguntas de sus respectivos abogados defensores así como a
las del Ministerio Fiscal con el único fin de determinar si
se incurrió en un delito de cohecho para convencer a Susana
Bermúdez de que abandonase las filas socialistas para dar al
GIL el único voto que necesitaba para obtener la mayoría
simple en la Asamblea de Ceuta tras las elecciones
autonómicas de 1999.
Tanto Sampietro como Cazalla y Bermúdez han coincidido en el
relato de los hechos y han negado la existencia de cualquier
tipo de gratificación económica o política como pago a la
decisión de la socialista de dejar de apoyar al tripartito y
apoyar la moción de censura contra Jesús Fortes.
Susana Bermúdez asegura que la creación del tripartito fue
“una orden que llegó desde Madrid” con el único objetivo de
“evitar que el GIL alcanzase la presidencia de Ceuta”. En un
primer momento, declaró, “acaté la decisión de mi partido y
apoyé la formación de un pacto que yo consideré, en todo
momento, anti natura”. Un extremo que ha sido corroborado
por su actual ex marido, Francisco Cazalla, que ha relatado
ante el jurado popular, que decidirá la inocencia o
culpabilidad de los acusados, cómo su mujer se sentía
“incómoda y maltratada a nivel emocional dentro del
partido”.
Susana Bermúdez declaró que, se planteó la posibilidad de
renunciar al escaño en lugar de abandonar el partido pero
que se dio cuenta de que “abandonar el escaño no iba a
cambiar nada porque seguiría gobernando el tripartito y yo
creía que había que respetar la voluntad de los ceutíes en
las urnas”. La tránsfuga ha señalado que no recibió ningún
pago por esta decisión y que el apoyo al GIL se debió,
exclusivamente, a que éste tenía en sus filas “a
profesionales de reconocido prestigio que realmente tenían
una voluntad de hacer proyectos interesantes y beneficiosos
para Ceuta”.
Por su parte Antonio Sampietro negó que hubiese habido
ningún contacto ni ofrecimiento previo y que ellos se
limitaron a acoger en sus filas a Bermúdez. Una decisión,
dijo, muy acertada ya que, cuando fue nombrada consejera de
Cultura, “demostró que podía hacer una excelente gestión y
trajo a numerosos artistas de prestigio” algo que “nunca más
ha vuelto suceder en Ceuta”.
|
|
El jurado popular ha sido aislado para garantizar su
imparcialidad
El juicio que se sigue estos días
en la ciudad autónoma es el primer caso de transfuguismo que
se evalúa en España con un jurado popular. Nueve personas
(cinco mujeres y cuatro hombres) forman parte de un jurado
que tiene como misión decidir si los acusados son culpables
o no de los cargos que se les imputan. Por este motivo,
permanecen recluidos y custodiados por la Policía hasta que
finalice el juicio. Con esta medida se pretende garantizar
su imparcialidad y evitar que puedan verse influidos por el
entorno a la hora de emitir su veredicto. El Ministerio
Fiscal ha solicitado una pena de dos años de prisión e
inhabilitación especial para ejercer cargo público durante
ocho años así como una multa de 300.000 euros para cada uno
de los acusados. En los próximos días se conocerá la
decisión del jurado: inocentes (6 votos a favor) o culpables
(necesarios 7).
|
TRIBUNALES / POLÍTICA
