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Las voces críticas fuera del
ámbito de la llamada Comisión Informativa que estudia,
planea, proyecta y trabaja sobre la propuesta del nuevo
texto, no terminan por ayudar a la elaboración -por
consenso- de un texto que debe necesariamente recoger todas
y cada una de las especificidades de la actual Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Los tiempos nos ha deparado la historia tal cual la vivimos
en estos instantes. La realidad socio-político-religiosa de
la pluralidad ceutí es una evidencia que debe ser, además de
enriquecedora -lo es ya por sí misma-, plasmada en el nuevo
texto que nos definirá y nos caracterizará en los próximos
veinticinco años.
Dentro del más absoluto respeto a la vigente Constitución
española que tiene que ser y debe ser la guía a seguir para
incorporar la propuesta del nuevo Estatuto ceutí, la
Comisión Informativa cuenta con la obligación moral, ética y
política de trabajar hacia el objetivo mandatado por el
Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Aprobar por unanimidad el proyecto del nuevo texto;
presentarlo en absoluto consenso para su aprobación es el
objetivo. Todo lo que se salga de ahí resultará fatídico
para el futuro inmediato de la Ciudad.
Apelar a la serenidad, congruencia y a la altura de miras no
tendría que ser una petición de los ciudadanos a nuestros
representantes políticos sino que ellos mismos deben ser los
que marquen, al resto, el camino del encuentro y no del
desencuentro; deben ser ellos lo que mantengan el sentido de
la responsabilidad política y el pragmatismo exigible en
unos tiempos en los que son ellos, los veinticinco miembros
de la Cámara representativa ceutí, los que tienen en sus
manos la elaboración de un marco justo donde se encuentren
todos los ceutíes incluídos.
En el convencimiento del grado de responsabilidad política
de nuestros representantes políticos, sólo podemos desear
dinamismo y capacidad de entendimiento en la Comisión.
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OPINIÓN / EDITORIAL
