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Fue este miércoles cuando el
Tribunal Supremo resolvió revocar una sentencia del Tribunal
Superior de las Islas Baleares por la que se anulaba la
orden de expulsión dictada por la Delegación del Gobierno
balear.
El Supremo consideró que el encontrarse ilegalmente en
España puede ser sancionado con multa o con expulsión
indistintamente. En suma, el alto Tribunal considera que el
mero hecho de que la falta de documentación conste con
fehaciencia en el expediente administrativo que se haya
abierto a cualquier residente extranjero es motivación
suficiente para justificar la imposición de la sanción
expulsatoria y no la multa. Esta resolución marca un antes y
un después en todos y cada uno de los expedientes que se
están tramitando en estos momentos en nuestro país.
Por focalizar el asunto en puntos geográficos concretos, es
por tanto evidente que esta sentencia marcará la pauta en
todos aquéllos trámites que se inicien como consecuencia de
las múltiples interceptaciones de inmigrantes que las
autoridades españolas vienen realizando tanto ahora en
Canarias como en las ciudades de Ceuta y Melilla, los tres
puntos neurálgicos que más sufren el efecto de la
inmigración clandestina en primerísima línea.
Lo que no ha resuelto el Supremo y sigue sin resolverse es
cómo se realiza la expulsión de quien es interceptado sin
documentación, se propone para expulsión y pasado el tiempo
legal las autoridades españolas no han logrado: Uno hallar
el país de orígen y dos, que el país de orígen admita la
devolución.
Los gobiernos subsaharianos, la mayoría de ellos con una
carencia absoluta de conciencia ciudadana y de servicio a su
propio pueblo, empiezan a acostumbrarse a solicitar dinero
para ‘emplearse’ contra las mafias. Un dinero que, además,
en la mayoría de los casos no llegará a su población y sí
engordará cuentas privadas de los cercanos al poder, como
viene ocurriendo con las donaciones internacionales al
tercer mundo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
