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La adjudicación de las 60
viviendas de Villajovita está levantando una oleada de
acusaciones, rumores y presunciones acerca de la legitimidad
de su procedimiento. La oposición política firma alguna de
las críticas esgrimiendo, en la mayoría de los casos, dudas
acerca de la asignación directa de viviendas debido a
compromisos adquiridos por la ciudad. Sin embargo la mayoría
de estos grupos asisten a las reuniones del Consejo de
Emvicesa y pueden acceder a los expedientes que argumentan
estas designaciones. Es competencia de la oposición y parte
de su compromiso político realizar un seguimiento de las
labores del Gobierno y denunciar, si fuese necesario (a
través de los medios de comunicación y de la justicia
ordinaria) aquellas actuaciones ilegítimas que vengan como
consecuencia de un abuso de poder.
Sin embargo es también responsabilidad de estos mismos
grupos políticos usar los cauces ordinarios de denuncia de
una forma responsable.
Sin pretender poner la mano en el fuego ni por unos ni por
otros, cuando un grupo político critica o directamente acusa
al Gobierno de falta de transparencia, haciéndose eco en
algunos casos de las propias demandas de los solicitantes,
debe ser cuidadoso en las formas y escrupuloso en los
motivos, ya que se puede contaminar injustamente un proceso
que ha involucrado, de una u otra forma, a más de 1.300
ceutíes. Teniendo en cuenta que de todos ellos sólo habrá
vivienda para 41, es lógico pensar que un buen número de
ceutíes estará descontento con el método o las razones de su
exclusión.
La acción de vigilancia y control de las administraciones es
tan necesaria como lo puede ser una vivienda, pero si
acostumbramos a vilipendiar las formas a discreción,
aportando pruebas inexistentes o argumentos basados en
premisas falsas, la acción de control pierde validez y
cuando la denuncia sea cierta ya nadie hará caso.
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OPINIÓN / EDITORIAL
