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Izquierda Unida-Ceuta ha presentado en la Cámara del
Congreso de los Diputados una proposición de Ley Orgánica
para la Libertad de Pensamiento, de Conciencia y de
Religión, que parte de la ampliación del artículo 16 de la
Constitución española como base para “cubrir un vacío legal
que regule la libertad de pensamiento y de conciencia”. La
intención de IU Ceuta es reforzar el principio de
aconfesionalidad del Estado, “una asignatura pendiente desde
la transición democrática”, a juicio de Gaspar Llamazares,
coordinador general de la formación. El partido ha llevado a
la Cámara baja ocho artículos y tres disposiciones
adicionales transitorias que entre sus objetivos, incluyen
“terminar con unos privilegios que no existen en ningún otro
lugar del mundo”; y convertir a los líderes religiosos en
representantes civiles y son ninguna carga moral sobre la
administración.
“Esta ley regula el ejercicio de los derechos de libertad de
pensamiento, conciencia y religión y será de aplicación a
todas las personas físicas y jurídicas del territorio
español”. Así reza el primer artículo de la proposición de
ley que IU-ICV ha puesto en conocimiento de los diputados de
la cámara de representación. Libertades individuales,
restricción de la religión al ámbito privado, derechos
colectivos, protección de las creencias, igualdad entre las
opciones religiosas, aconfesionalidad del Estado (“ninguna
confesión tendrá carácter estatal”), o las obligaciones de
los representantes públicos y de la administración son parte
de los puntos que regulará la normativa que pasará por el
filtro del debate parlamentario.
Sin subvenciones
El punto que puede levantar mayor número de críticas será el
de la financiación. Izquierda Unida pretende que el estado
“no subvencione” ninguna de las opciones religiosas aunque
establezca con ellas relaciones de “cooperación” y de
“carácter cordial”. El articulado también recoge la
limitación de los “privilegios económicos que actualmente
tiene la Iglesia católica a través de 0,52 por ciento de la
aportación al IRPF y de la subvención del Estado, así como
la no tributación al IVA”. Queda ahora limar la normativa en
el Congreso.
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