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La empresa pública Emvicesa enfila la fase final para la
adjudicación de las viviendas de protección oficial de
Villajovita. La entidad está realizando el estudio de las
alegaciones presentadas por los candidatos, una vez
terminado (precisamente ayer) el plazo de diez días previsto
para la presentación de las mismas. De las 628 candidaturas
excluidas, Emvicesa ha recibido aproximadamente 150
reclamaciones, la mayoría de ellas para completar la
documentación requerida.
Entre los casos de documentación incompleta, la mayoría
encontraba dificultades para probar su nivel de ingresos,
aunque también fueron significativos los casos en los que no
quedaba clara la existencia de otra propiedad, a veces por
no quedar clara la titularidad de la propiedad tras un
divorcio.
En estos casos, Emvicesa ha aclarado que se mostrará
“absolutamente flexible a la hora de valorar la forma en la
que cada ciudadano acredita sus ingresos o propiedades”, del
mismo modo que aplicarán una “extrema rigurosidad con el
hecho de que ninguno de los solicitantes posea otra vivienda
o haya sido adjudicatario de una promoción pública o
protegida”, según indicó el director general de la Vivienda
y gerente de Emvicesa, Francisco Márquez de la Rubia.
Márquez indicó que incluso las 836 las solicitudes que
formarán, como mínimo, la lista definitiva serán revisadas,
tanto empadronamiento como propiedades e ingresos, con el
fin de garantizar la trasparencia del procedimiento.
Para el gerente de Emvicesa la acreditación de ingresos es
muy importante, no sólo para asegurar que quien accede a una
vivienda pueda pagarla, sino para evitar que personas que
viven de la ‘economía sumergida’, “que no trabajan de forma
estable ni declaran a Hacienda, pero tienen sustanciosos
ingresos, puedan ser adjudicatarios de uno de los pisos”,
explicó Márquez, quien resaltó que el concurso garantiza la
“igualdad y la trasparencia”.
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vivienda / protección oficial
