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El Pleno de la Asamblea dio ayer el visto bueno a la
aprobación inicial del Reglamento de adjudicación de
viviendas protegidas presentado por el consejero de Fomento,
Juan Antonio Rodríguez Ferrón. Según el consejero, el
reglamento por el que se rige actualmente la Ciudad
Autónoma, aprobado en 1998, es poco eficaz “al prever en su
mismo articulado la exclusión de la normativa de
adjudicación a criterio del órgano competente y establecer
unos criterios de baremación complejos que dificultaban la
transparencia del proceso”.
Para garantizar la claridad de las adjudicaciones y al mismo
tiempo agilizar el proceso de selección a la hora de otorgar
ayudas a la venta y al alquiler, tanto de viviendas
protegidas como de promoción directa, la consejería de
Fomento ha elaborado un Reglamento de adjudicación que se
basa, según la exposición del consejero del área, Juan
Antonio Rodríguez Ferrón, en los siguientes principios:
simplificar y abreviar el procedimiento de selección de
adjudicatarios; dotar al sistema de los máximos avales y
garantías de transparencia en cuanto a la claridad en los
plazos, procedimientos y formas; abrir las oportunidades a
todos los grupos sociales, especialmente a los nuevos
matrimonios y uniones análogas con el fin de robustecer la
estructura social de nuestra ciudad; y regular la
adjudicación tanto de viviendas de promoción pública directa
como de las que gozan de algún régimen de protección.
Registro Público
El nuevo reglamento crea, por primera vez, el Registro
Público de demandantes de viviendas, que pretende ser el
instrumento que permita la compra-venta de viviendas
protegidas. Este canal de mediación y registro de cualquier
movimiento referido a viviendas con algún tipo de protección
pública pretende, según afirmó el gerente de Emvicesa,
Francisco Márquez de la Rubia, evitar la “picaresca” en
torno a la venta o adjudicación improcedente.
El nuevo reglamento también regula otros aspectos como las
posibles bonificaciones a las mensualidades de venta o renta
de viviendas sujetas a algún régimen de protección y que
hasta ahora venían siendo reguladas por una normativa de
origen estatal. El documento, en su capítulo cuarto, detalla
la concesión de dichas bonificaciones “con una explícita
intención de protección sobre aquellas familias más
desfavorecidas y con claras dificultades económicas”.
El líder de la formación UDCE, Mohamed Alí, consideró el
texto “farragoso” y de carácter patrimonialista por parte de
Emvicesa, además de incidir en el hecho de que se variase el
sorteo con el sistema de baremación de forma poco clara. La
UDCE optó por abstenerse en la votación y afirmó presentar
sus demandas por escrito en el período de alegaciones.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista votó a favor
al haber presentado, previamente al período de exposición,
varias alegaciones que ya fueron incluidas en el texto.
María Antonia Palomo se mostró favorable a la renovación de
un reglamento, el aprobado en 1998, “que no se ha aplicado
nunca”, y afirmó que presentará nuevas alegaciones en el
período adecuado.
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fomento /
viviendas protegidas
