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El juez del número uno de primera instancia instruye el caso
denunciado el pasado jueves por UGT contra la actual
viceconsejera de Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, Adelaida Álvarez por un presunto delito de
prevaricación y que podría acabar, si así lo estimase su
señoría, en cualquiera de los juzgados de lo penal, según
informan a este medio fuentes del sindicato.
La denuncia está argumentada en función de la contratación,
por obras y servicios, en los años 2005 y 2006 de dos
trabajadores, una ATS y un aparejador que prestan
actualmente sus servicios en el ámbito de la administración
autonómica y sin que haya concurrido en su contratación,
afirman fuentes sindicales, los “mínimos procedimientos
legales para estos casos”.
UGT, en su denuncia, especifica que para la incorporación de
estos dos trabajadores “no ha habido un proceso de
negociación entre administración y sindicatos, no se han
establecido ningún tipo de bases para ocupar estas plazas,
no se ha dado publicidad por lo que no ha podido haber
concurrencia y, por tanto, no se le ha podido dar la
oportunidad a los ciudadanos a optar por estos puestos”,
enumeran las fuentes de la Unión General de Trabajadores.
El sindicato de clase incide en el hecho de que pudiera
“haber existido favoritismo en la elección de las personas”,
por lo que se ha puesto en conocimiento de la Justicia las
presuntas “irregularidades” que se intuyen se habrían
producido en estas contrataciones.
UGT aclara que respetan “profundamente” a los trabajadores
que actualmente se encuentran realizando el servicio por los
que han sido contratados, pero no pueden “plegarse” ante una
“manifiesta ilegalidad”, según entienden y que tiene que
valorar ahora el Juez.
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