|
El Juzgado de lo Social ha hecho pública una sentencia
declarativa, en la que considera que la Ciudad incurrió en
una cesión ilegal de trabajadores en el caso de las
cooperativas de PROCESA.
Una sentencia que a juicio de PDSC y UDCE, que en su día
presentaron mociones al respecto en e Pleno de la Asamblea,
consideran que finalmente, “se ha hecho justicia con los
trabajadores de las citadas cooperativas”, adjudicatarias de
la gestión de los diferentes servicios de la Consejería
durante dos años, una situación que la inspección de trabajo
consideró cesión ilegal de trabajadores ya que “las cuotas
de la Seguridad Social las debería satisfacer la Ciudad
Autónoma y no las cooperativas”.
Desde el Gobierno de la Ciudad se afirma que se recurrirá la
sentencia que, puntualiza Elena Sánchez, portavoz del
Gobierno, es “declarativa”, es decir que “tiene como
objetivo concretar la visión del juez sobre el
procedimiento, no es ejecutiva”, explica Sánchez.
“Sugerimos que no recurran la sentencia pues el fallo puede
ser ser el mismo y sería una pérdida de tiempo para la
ciudad y los trabajadores de la cooperativa”, afirma
Mustaffa Mizzian, del PDSC. Lo mismo piensa Mohamed Alí,
portavoz de UDCE: “Recurrir la sentencia sólo va a mantener
más aún la situación de incertidumbre de estos
trabajadores”, dice, recordando además que doce trabajadores
de la Cooperativa San Antonio no fueron recolocacos, “un
grave agravio comparativo”.
Alí pide que se “depuren responsabilidades” ante la
irregularidad de la situación de “estos trabajadores hacían
trabajo de funcionarios cobrando muy por debajo de sus
compañeros”. Según el portavoz de UDCE, se han utilizado
estos “entes ficticios” para desarrollar labores propias de
la Ciudad.
“La responsabilidad del Gobierno está clara”, sentencia Alí,
quien subraya la necesidad de buscar una colocación dentro
de la estructura laboral de la Ciudad a los doce
trabajadores de las cooperativas que quedaron sin recolocar.
|
JUZGADO DE LO SOCIAL
/ COOPERATIVAS DE PROCESA
