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SOCIEDAD - VIERNES 24 DE MARZO DE 2006


fachada de la asamblea ceutí. archivo.

sindicatos / denuncia
 

La Ciudad, acusada
de irregularidades en
la asignación de puestos

El TSJA anula los nombramientos de cuatro
jefes de área realizados por el Gobierno
 

CEUTA
Pedro García Luaces
pedrogarcia@elpueblodeceuta.com

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia en favor del sindicato FSP-UGT, en relación a la denuncia de una serie de ilegalidades en el modo en que el Gobierno de la Ciudad designó cuatro jefaturas de área mediante el procedimiento de libre designación. Los hechos se remontan a julio de 2003, cuando el Consejo de Gobierno acordó la creación de las jefaturas del Plan General de Ordenación Urbanística, , Suelo y Urbanismo, Obras y Proyectos (dependientes de la consejería de Fomento), Administraciones Públicas (depediente de Presidencia y que nunca llegó a cubrirse) y Control Presupuestario (dependiente de la consejería de Economía y Hacienda). Las personas asignadas “a dedo” a dichos cargos, tendrían, según informó el sindicato, un incremento en sus nóminas que oscilaba entre las 125.000 y las 225.000 pesetas, según los casos.

El sindicato FSP-UGT observó en su momento una serie de ilegalidades que fueron convenientemente denunciadas y que se resumen en: Falta de negociación con los sindicatos, incumplimiento del sistema de provisión de puestos de trabajo, omisión del procedimiento de modificación de plantilla y falta de consignación presupuestaria.

“Acudimos al TSJA y para nuestra satisfacción, el tribunal nos ha dado la razón en todos y cada uno de los puntos denunciados. No podemos permitir que la Ciudad utilice el dinero público para incrementos salariales oscuros y estratosféricos a determinados funcionarios mientras el resto se conforman con el 2% por imperativo legal”, explicó el sindicato a través de un comunicado.

Sentencia

La sentencia del TSJA anula los puestos creados “ilegítimamente” creados por la Ciudad y obligará, según los abogados del sindicato, “a devolver las cantidades percibidas de forma ilegal”. Esta sentencia cuenta con un plazo de cinco días para ser recurrida por la vía del recurso de casación, cuyos requisitos apenas tienen cabida en este caso y no se contempla que la Ciudad vaya a ejercer este derecho.

La consejera de Fomento, Elena Sánchez, reconoció haber propuesto la parte de estos cargos que dependen de su consejería, pero aseguró que “el trámite seguido para hacerlos efectivos depende del área de Recursos Humanos”. La consejera indicó que estas designaciones se realizaron con “los informes jurídicos correspondientes”.
 

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