|
“El hecho de que algunos de los acusados se negasen a
contestar a preguntas del fiscal y de la acusación es ya de
por sí una prueba de cargo”.
Con esta frase tan contundente comenzó ayer el turno de
exposición de las conclusiones del Ministerio Fiscal en
torno al juicio oral que se ha seguido a lo largo del último
mes en la Audiencia Provincial.
Para el fiscal del caso, el tribunal no debe dejar de tener
en cuenta que el delito de asesinato se encuadra en una
situación concreta que se vivía en Ceuta antes de los
hechos: “una situación de impunidad”. Por eso, prosiguió,
“es importante ver hasta qué punto el perfil personal de
cada acusado se ajusta a lo que dice el Ministerio Fiscal o
a lo que dicen ellos”. Para ello, el representante del
Estado se refirió a los antecedentes policiales de trece de
ellos (excluyó a A.C.A. uno de los tres que actualmente se
encuentran en prisión) que en total suman 67 y de los que 10
son por homicidio doloso: “un dato que invita a pensar que
lo que se recoge en el escrito de acusación está más cerca
de la verdad que lo que dicen ellos”.
A lo largo de su exposición, el letrado, que acaba de ser
ascendido, hizo referencia a todas las incongruencias y
contradicciones puestas de manifiesto a lo largo del juicio
oral así como a las dificultades para encontrar pruebas
incriminatorias para el delito de inducción al asesinato
(del que están acusados A.A.A. y M.A.A. y para los que pide
una pena de 44 años de cárcel): “lógicamente nadie firma un
contrato de inducción al asesinato luego hay que valorar
otros elementos periféricos que nos lleven a esa
conclusión”. Elementos como “la negativa de algunos acusados
a responder a las preguntas de la Fiscalía y la acusación
particular” o “la casualidad” de que “cuando estos señores
entran en prisión cambia la configuración delictiva de la
ciudad”.
Testigo de cargo
Para el fiscal es “totalmente incongruente” que si ‘Kimbi’ y
el testigo de cargo, A.A.D., son íntimos amigos y los
acusados dicen ser amigos del fallecido ninguno conociera al
herido: “sobre todo teniendo en cuenta que los testigos han
afirmado en esta sala en reiteradas ocasiones que en Ceuta
nos conocemos todos”. Por eso, considera que hay que valorar
el testimonio del testigo de cargo teniendo en cuenta que
“no hay ninguna razón que invite a pensar que tiene algún
motivo para inculparlos”.
En cuanto al reconocimiento tan preciso que hizo de los
pistoleros, dijo que si no fuera porque ya los conocía de
antes “el reconocimiento de las caras de una decena de
pistoleros no sería normal” pero que, como ya los conocía a
todos, “la cosa cambia”. Para corroborar este hecho hace
referencia a la falta de memoria respecto a la ubicación
concreta de los hermanos S.A.A. y A.A.A. (declarado en
rebeldía): “esto revela que el testigo no tenía la
declaración preparada y conforme al escrito de acusación y
para mí es una prueba de que dice la verdad porque si los
colocara a todos muy precisamente sería sospechoso”.
Testimonios
El fiscal también hizo un repaso pormenorizado por las
declaraciones prestadas por los testigos aportados por las
defensas haciendo hincapié en el hecho de que coartadas,
presuntamente sólidas, como las del accidente del cuartel de
Regulares y la compra de los pasteles “se han convertido en
nada porque no se sabe la hora concreta de los hechos”.
Plan
El fiscal mostró también su escepticismo en cuanto a la
supuesta confabulación contra los acusados en la que
estarían implicados la familia del fallecido, el testigo de
cargo, el entonces delegado del Gobierno y la Policía
Nacional, asegurando que no era posible que diez minutos
después de los hechos “se hubiera orquestado una versión que
se ha mantenido durante seis años”. El representante del
ministerio público dijo también que era “absurdo” pensar que
la Policía Nacional tuviera pensado ya un montaje “para
inculpar a un encofrador, un hamburguesero y un vendedor de
pantalones. ¿Acaso sabían que iba a haber un asesinato? Es
absurdo y no se sostiene por ningún lado”.
Informes
En cuanto a los informes forenses y el análisis de la
pólvora efectuado sobre A.M.A., reconoció que era “innegable
y evidente” que se podían haber realizado más pruebas si
bien señaló que eso “no elimina la conclusión a la que
llega”. Por otro lado, quiso llamar la atención del tribunal
sobre el hecho de que “no ha podido ser rebatido si el
acusado disparó antes tal y como revela el análisis”.
Coartadas
Con respecto a las coartadas planteadas por los acusados
acerca de lo que hicieron en el momento de producirse los
hechos, el fiscal dijo que ninguna defensa había aportado
una prueba determinante que “lo situara en otro lugar” por
lo que fue desgranando cada una de ellas explicando a la
sala su punto de vista.
Con respecto a S.A.A., que estuvo dos años en búsqueda y
captura, dijo que era imposible que hubiera hecho una vida
normal -tal y como afirmaba el acusado- y que no se hubiera
enterado de que lo buscaban “cuando su hermano había estado
detenido en Marruecos por la misma causa” y que no entendía,
si eso era así, que “hubiese utilizado un nombre falso
cuando meses después tuvo que ser hospitalizado”.
Con respecto a K.A.A. señaló que fue incapaz de acreditar
que estuvo trabajando cuando su trabajo frente al público
“sería el más sencillo de probar”.
Tampoco le parece creíble la coartada de A.A.M. sobre su
compra en la pastelería porque “a pesar de las coacciones y
amenazas a la pastelera ha quedado demostrado que ese día
cerraron a las 18.30 horas luego da igual si estuvo allí o
no”.
Con respecto a H.A.M., acusado de un delito de blanqueo, el
fiscal explicó que su cambio a un posible delito de
encubrimiento se debe a que cuando el acusado fue a reclamar
los 50 millones como suyos “lo hacía no sólo sabiendo que no
era suyo sino incurriendo en un delito de encubrimiento”.
|
|
El fiscal solicita penas que suman 432 años
El representante del Ministerio
público mantiene su petición de 44 años para A.A.A. y M.A.A.
por ser supuestamente los ideólogos e inductores del
asesinato. Por su parte, H.A.M. se enfrenta a una pena de 6
años de cárcel por un presunto delito de blanqueo de
capitales o, en su defecto, por encubrimiento. A.M.A., que
actualmente está en prisión, podría ser condenado a 8 años
por un delito de obstrucción a la Justicia en las personas
de A.A.D. y Malika Mohamed Sedik mientras que el resto de
los imputados están acusados de un asesinato y de otro en
grado de tentativa por lo que, en caso de ser declarados
culpables, podrían cumplir una pena de 33 años de prisión
(19 por la muerte consumada y 14 por el intento de asesinato
del testigo de cargo).
|
audiencia provincial / CASO
‘KIMBI’
