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Tal y como se había anunciado, el Ministerio de Defensa
ejecutó ayer la sentencia de derribo contra la vivienda que
ocupaban M.A. y su familia. A primera hora de la mañana,
miembros de la unidad de zapadores del RING-7 del Ejército
de Tierra acudieron a los terrenos ocupados de El Serrallo
provistos de sus herramientas así como de una pala
excavadora y algunos camiones para proceder al derribo y
posterior limpieza de los escombros de una de las nueve
viviendas que aún quedaban en pie en la zona y que, poco a
poco, van a ir derribándose.
Por otra parte, operarios del ayuntamiento se encargaron de
sacar los muebles de la vivienda así como todas aquellas
pertenencias que los inquilinos no habían guardado en uno de
los dos turismos en los que metieron sus enseres básicos.
Una vez que el desalojo de la vivienda, supervisado por el
viceconsejero de Bienestar Social y por funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, fue efectivo los soldados de
Ingenieros se encargaron, en apenas veinte minutos de
convertir en escombros la pequeña vivienda techada con
uralita y en la que M.A., que está embarazada, lleva
viviendo toda su vida, antes junto a sus padres, ahora junto
a su marido y sus dos hijos.
Ella ha sido la única de las casi treinta familias afectadas
por estos derribos en El Serrallo y El Tejar de Ingenieros
que se ha negado a aceptar la solución provisional aportada
por el Gobierno local a través de la Empresa Municipal de
Vivienda, Emvicesa. Por este motivo, tras las protestas que
todos ellos protagonizaron el lunes, ayer volvió a
presentarse en el ayuntamiento, con todos sus muebles, para
exigir responsabilidades al Gobierno. “La culpa no es de
Defensa porque, al fin y al cabo, estos terrenos son suyos;
la culpa es de la Ciudad Autónoma porque en un año que hace
que se dictó la sentencia de derribo no han sido capaces de
encontrarme una vivienda digna”, afirmaba M.A. mientras veía
impotente como derribaban su vivienda.
Como es de suponer, esta opinión no es compartida por el
gerente de Emvicesa, Francisco Márquez, que ha explicado que
la idea de proporcionarle una vivienda de alquiler, que
pagaría la empresa municipal, es una solución “provisional”
hasta que finalicen las obras de construcción de las
viviendas de protección oficial de Miramar. Éste ha
recordado, además, que la Ciudad Autónoma no tiene ninguna
obligación de proporcionarle vivienda a nadie y que lo hace
“por compromiso social”.
Todos los afectados, salvo esta mujer, que asegura que “me
quieren dar una vivienda mucho peor que ésta en la que he
vivido” a pesar de tratarse de un piso de cien metros
cuadrados, han aceptado la propuesta de alquiler en la
Almadraba por lo que serán realojados en esta nueva
ubicación conforme sus viviendas vayan siendo derribadas.
Para M.A., que estuvo arropada por una decena de vecinas
durante el derribo, el Gobierno local “lo ha hecho fatal”
porque a pesar de tener tiempo, ahora le ofrecen una
solución provisional mientras que a los anteriores afectados
“se les realojó directamente en sus viviendas nuevas en El
Príncipe”. Como no ha querido aceptar el alquiler, sus
muebles quedarán en el depósito municipal a la espera de una
solución.
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