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Veinte personas han sido realojadas en distintos puntos de
la ciudad tras ser ejecutadas, ayer, las sentencias de
derribo de cinco viviendas ubicadas en los terrenos de ‘El
Tejar de Ingenieros’. De este modo, Defensa continúa
demoliendo las viviendas que, ilegalmente, ocupan los
terrenos castrenses donde se va a levantar la futura base
única militar de Ceuta.
A primera hora de la mañana de ayer, las excavadoras y los
camiones del Regimiento de Ingenieros (RING-7) eran
conducidos hasta estos terrenos con el objetivo de derribar
las cinco viviendas que tenían el visto bueno de los jueces.
A diferencia de la familia que fue desalojada el pasado día
15 en ‘El Serrallo’ que se marchó entre protestas el mismo
día de la demolición, los veinte vecinos afectados por este
derribo ya habitan las viviendas de alquiler que les ha
proporcionado la Ciudad Autónoma como medida provisional a
la entrega de las viviendas de protección oficial que se van
a construir en Miramar.
El viceconsejero de Bienestar Social, Abdeselam Mohamed,
estuvo presente en todo momento durante el derribo y
confirmó el realojo de estas cinco familias en distintos
puntos de la ciudad. Así la más numerosa, que cuenta con
siete miembros, disfruta de una vivienda de alquiler en la
Almadraba, otras dos familias han sido ubicadas en sendas
viviendas en El Morro, una mujer mayor ha sido acogida en la
residencia para mayores de Villajovita y una familia más ha
sido enviada a la zona de la Virgen de la Luz.
Según ha explicado, “la búsqueda de viviendas para estas
personas ha resultado muy complicada ya que en Ceuta no hay
muchos pisos en alquiler y hemos tenido que convencer a
gente que conocíamos para que nos cediese viviendas que
tenían vacías para poder dar cobijo a los afectados”. Hay
que recordar que es precisamente el Gobierno local quien
corre con los gastos derivados de estos alquileres ya que
los afectados no pueden disfrutar aún de las viviendas de
Miramar a las que les quedan todavía cinco meses de obras.
Así pues, mientras continúen de alquiler será la Ciudad
Autónoma quién asuma el pago del mismo, un coste que aún se
desconoce, y una vez tengan asignada la vivienda de
protección oficial serán los inquilinos quienes asuman las
hipotecas de compra de las mismas.
‘El Serrallo’
A pesar de las protestas públicas que protagonizaron los
vecinos en semanas pasadas en el ayuntamiento, todos han
terminado por aceptar esta propuesta de ser reubicados en
viviendas de alquiler con coste a cargo de las arcas
municipales. La propietaria de la vivienda derruida el día
15 de noviembre en ‘El Serrallo’ terminó también por aceptar
la propuesta de la Viceconsejería de Bienestar Social y
disfruta ahora, junto con su marido y sus dos hijos, de una
vivienda de alquiler en la Almadraba.
Según ha explicado Abdeselam Mohamed, fue el mismo día del
derribo cuando la mujer se puso en contacto con él para
aceptar la propuesta: “además, en cuanto vio el tamaño y las
condiciones del piso que le ofrecíamos no se lo pensó dos
veces”, señala.
En la mañana de ayer, algunos de los afectados se acercaron
para ver por última vez en pie los muros de sus pequeñas
casas. Una de las mujeres explicaba que había vivido allí
desde 1990 y que, a pesar de que la vivienda que les habían
proporcionado en el ayuntamiento estaba “muy bien”, le había
dado “mucha pena abandonar la que ha sido mi casa durante
tanto tiempo”·
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El Ministerio retrasa los demás derribos
El senador popular Pedro Gordillo
explicó ayer en rueda de prensa que el secretario de
Defensa, Francisco Pardo, se ha comprometido a retrasar los
derribos previstos para las próximas semanas atendiendo así
a la petición que éste le hizo en su última comparecencia en
el Senado.
Según Gordillo, el Ministerio dará la orden de cancelar los
derribos previstos por lo que parece que los que se iban a
efectuar a mediados de diciembre no se llevarían a cabo. El
senador ceutí se ha mostrado muy agradecido por la atención
prestada por el secretario de Defensa a los problemas que
estos derribos estaban causando al Gobierno local aunque ha
recordado que esta tarea debería haber sido llevada a cabo
por el delegado del Gobierno, García-Arreciado.
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