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Francisco Márquez quiso salir al paso de las críticas que,
sobre su propia persona y la empresa que dirige, se
suscitaron a raíz del resultado de la adjudicación. En
primer lugar, explicó que su función en la Mesa de
Administración de Procesa es la de “ser un miembro más, sin
ningún tipo de privilegio o voto de especial peso”. Márquez
recordó también las acusaciones de practicar la especulación
inmobiliaria, “cuando todo el proceso responde a un
cumplimiento estricto de las fichas urbanísticas de cada una
de las parecelas enajenadas, según las indicaciones del PGOU,
sin haberse realizado ninguna reordenación ni recalificación
del suelo”. Márquez tachó de “desconocimiento de los
términos o prejuicio”, estas acusaciones. “Se nos ha acusado
de otorgar las parcelas a una empresa desconocida, cuando la
documentación anexa al pliego explica que la adjudicataria
ha construido más de 6.000 viviendas protegidas”, añade
Márquez de la Rubia. Por último, el gerente quiso
desmarcarse de las declaraciones que aseguraban que una de
las ofertas, la promovida por CC.OO. era la que más atendía
a los sectores desfavorecidos, “una atención ya prevista y
regulada por las normas de adjudicación de las viviendas que
se van a construir”.
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huerta téllez / enajenación
