|
La prostitución, la droga, los trabajadores sin contrato,
las chapuzas a domicilio sin factura, los sobornos, las
propinas, los talleres clandestinos... ¿Quién no ha
recurrido alguna vez a uno o varios de estos ‘servicios’ que
escapan al control del Estado. Todos ellos y muchos más,
cada intercambio que se oculta a los ojos del Estado, forma
parte de la denominada ‘economía sumergida’. En Ceuta, uno
de cada cuatro euros pasan por esas cañerías. La Ciudad
espera que el desarrollo marroquí ayude a reducir esa tasa.
En términos informales, como ella misma, la ‘economía
sumergida’ es “el sistema de intercambio de bienes que
permanece ajeno al control del Estado”. No es una regla,
pero como con el humor y el amor, el asunto parece darse
especialmente bien en el sur: en España o Italia representa
más del 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de ambos
países [el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía
y Hacienda (GESTHA) cifra este mismo año el español en el
23%], mientras que nuestros colegas mediterráneos griegos
son los campeones europeos con más del 30%. La media de la
UE está en el 13%.
Dentro de nuestras fronteras, la consultora ZIES, a la que
el Gobierno melillense encargó el año pasado un informe
sobre este asunto que fue presentado la semana pasada,
adviertede que “en las regiones del sur en las que se da una
mayor incidencia”.
“Melilla, al igual que sucede con Ceuta, tiene un importante
peso de la economía sumergida que es difícilmente
aprehensible estadísticamente”, se explica en sus
conclusiones, en las que se recuerda que “a diferencia de
otras regiones donde las actividades irregulares se explican
por el peso de sectores como la agricultura, la ganadería,
la construcción y la hostelería, en Melilla es el comercio
atípico la principal fuente, si bien no la única, de empleo
irregular”.
Su análisis sobre: 1) la “especial situación geográfica” de
la ciudad, que determina “tanto las actividades económicas
que se pueden desarrollar y la competencia del entorno al
que se enfrentan como el alto porcentaje de ilegalidad”; 2)
lo “profundamente relacionado” que está el mercado negro
“con las características de un mercado laboral poco
cualificado, sometido a la presión migratoria y segmentado
en función del origen étnico y geográfico” y 3) el gran peso
del sector público como elemento incentivador “prácticas de
informalidad empresariales y laborales” también es
extrapolable a Ceuta.
En conclusión, el consejero de Economía y Empleo ceutí,
Guillermo Martínez, que fue invitado a la presentación del
estudio mencionado, asume que la tasa de ‘economía
sumergida’ ceutí “debe de ser muy similar” a la que se
calcula en Melilla, donde “todos” los estudios consultados
por ZIES “oscilan entre el 22% y el 25% del volumen total”.
Un Presupuesto en ‘negro’
Si tenemos en cuenta que durante el año pasado, según los
datos del INE, el PIB local ascendió a 1.578 millones de
euros puede concluirse que más de 350 de millones de euros,
por encima del Presupuesto anual de la Administración local,
se mueven al año en Ceuta a espaldas de las instituciones,
algo que según subrayó ayer Martínez tiene consecuencias
“tanto en forma de fraude a la Seguridad Social como
fiscal”.
“Carecemos de datos concretos sobre el peso de la llamada
‘economía sumergida’ en Ceuta pero, aunque pueden
establecerse algunas diferencias con lo concluido por ZIES
sobre Melilla, pueden ser datos comparables”, reconoció
Martínez, quien reconoce al señalar al desarrollo del Norte
de Marruecos como el factor que “más contribuirá” a reducir
su peso que las medidas necesarias “exceden en muchos casos
de nuestro ámbito de competencias”.
“Obviamente”, explica el consejero, “si la diferencia
económica entre uno y otro lado de la frontera, que
actualmente es 1-15 a nuestro favor, con ella se reduciría
también nuestra ‘economía sumergida’”.
Formación retribuida
La opinión de Martínez casa perfectamente con la situación
que describen los empresarios en las entrevistas realizadas
por ZIES: “Estamos en un continente distinto”, subrayan, “en
el que respecto de nuestros vecinos más próximos, los
habitantes del norte de Marruecos, tenemos una distancia de
ocho puntos. Por lo tanto, a solamente unas centenas de
metros, pues tenemos un país con muchas carencias, tanto
laborales, como sociales. Esto tiene una gran influencia en
el ámbito laboral de Melilla. Por lo tanto, los problemas,
normales y corrientes de temporalidad, de falta de empleo,
que puedes tener capacidad laboral, yo creo que se agudiza
un poco más, por su situación geográfica, teniendo un país a
lado, con una, digamos, con unas carencias económicas y
laborales, como puede ser Marruecos. Eso hace que, que haya
cuajado, que se haya plantado una cultura de economía
sumergida y empleo irregular. Y esto se ve con una
normalidad que duele”.
De puertas para adentro, el consejero opina que extender la
bonificación de las cuotas a la Seguridad Social, reduciendo
así el diferencial entre los costes laborales legales e
ilegales “contribuiría a evitar el fraude”, ya que Ciudad y
Delegación ya colaboran en los trabajos de la Inspección de
Trabajo. Todas las fuentes coinciden en que ahorrar costes
laborales, aumentar los beneficios empresariales, la
facilidad para no ser descubierto y la “aceptación social”
de la ‘economía sumergida’ son sus mayores incentivadores.
“Las cláusulas sociales de contratación que se han
establecido y las subvenciones a la contratación de
empleadas de hogar, un sector con gran número de
irregularidades, por parte de trabajadoras autónomas
embarazadas que ha propuesto establecer UDCE-IU [el jueves
lo estudiará el Comité de Seguimiento de los fondos
europeos] también ayudarán”, desea Martínez.
Por último, formación, mucha formación, y retribuida. Si
ZIES advierte de que “todos los estudios señalan que hay una
íntima relación entre la formación y el empleo” y si las dos
ciudades autónomas forman parte del vagón de cola nacional
en ambos indicadores, al desempleado que decide mejorar su
formación hay que darle incentivos para “evitar que tenga
que buscarse la vida y ocupar puestos de trabajo
sumergidos”.
|
|
El 28,2% de los jóvenes “no permitiría” a los marroquíes
trabajar en España
Cuidado con la semilla del odio
que germina muy rápidamente. Y en tiempos de crisis y
escasez, a juzgar por los datos recogidos en la encuesta
escolar ‘Actitudes ante la inmigración y cambio de valores’,
realizada este mismo año por el catedrático de Antropología
Tomás Calvo Buezas, director del Centro de Estudios Sobre
Migraciones y Racismo, aún más. En sus conclusiones, a las
que ha tenido acceso este periódico, se señala que “algo más
de la mitad de los escolares tienen una valoración negativa
de la inmigración”. El 50,8% cree que “quitan puestos de
trabajo”; el 61,2%, que “aumentan la droga y delincuencia;
que aumentan el terrorismo, el 40,7%. Tres de cada cuatro
consideran que “ya hay en España suficientes inmigrantes” y
un 21,1% que “debe echarse a algunos”. Más de la mitad de
los consultados creen que hay que expulsar “a todos los
ilegales sin excepción”, cuya imagen se endurece “de forma
radical y criminalizadora”. De todos los foráneos los
marroquíes ocupan “el primer puesto en los porcentajes de
rechazo y xenofobia, superando al grupo gitanos, que era
tradicionalmente el más discriminado, que ha pasado al
segundo lugar. Un 23,1% de los más de diez mil jóvenes de
entre 14 y 19 años entrevistados asegura que “le molestan”
como compañeros de clase y un 32,9% asume tener “antipatías”
contra ellos. Les molestaría casarse con ellos a un 63,5% y
no les permitiría trabajar en España un 28,2%. Uno de cada
cuatro creen que “nunca serán aceptados en nuestra sociedad”
y un 49,7% “prohibirían el uso del velo islámico en las
escuelas”. El 39% rubricaría que “desearía que les echaran
de España”.
|
ESTUDIO 
