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El Ejecutivo ceutí salió ayer a última hora de la tarde
mediante un comunicado de prensa al paso de las
informaciones publicadas ayer en relación con la intención
de la Fiscalía de incoar un procedimiento contra dos de sus
miembros en relación con la denuncia de UDCE-IU sobre la
legalidad de la concesión de subvenciones públicas a una
entidad que no pagaba sus cuotas a Hacienda y la Seguridad
Social, como exige la Ley. “Estamos convencidos de que no ha
habido delito”, replicó el Gobierno.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta que preside Juan
Vivas respondió ayer a las informaciones que, como la
publicada en este periódico, daban cuenta de la intención de
la Fiscalía de incoar dos procedimientos por separado en
relación con el ‘caso CJCE’ a partir de la denuncia de UDCE-IU,
uno de ellos sobre las consejeras de Juventud y Sanidad por
un presunto delito de prevaricación. Lo hizo mediante un
medido comunicado de prensa en el manifestó su “convicción”
de que ninguno de los integrantes del Ejecutivo local ha
cometido “delito alguno” en relación con este caso, en el
que el primer grupo de la oposición entiende que la Ciudad
pecó en el ámbito penal al seguir dando subvenciones a una
entidad que no mantenía al día sus pagos a la Seguridad
Social y la Agencia Tributaria, tal y como exige la Ley
General de Subvenciones.
Sobre este punto, el que verdaderamente le atañe, el
Gabinete de Comunicación del Gobierno que preside Juan Vivas
se limitó a reseñar que “la concesión de estas subvenciones
se realizó en aplicación del Reglamento de la Ciudad
Autónoma creado al efecto”, un texto que en su tenor literal
sólo exige estar al corriente de los pagos con los Servicios
Tributarios de la Administración autonómica.
Además, y aunque las justificaciones de gasto no están del
todo claras, según ha asumido la propia Ciudad, el Ejecutivo
reiteró que “los servicios que el Consejo de la Juventud
tenía que desarrollar en aplicación de esas subvenciones han
sido prestados”.
“En el caso de las subvenciones concedidas al CJCE estas son
de carácter nominativo y aparecen reflejadas en los
Presupuestos de la Ciudad, teniendo la debida publicidad a
través del BOCCE, por lo que cualquier acreedor está en
disposición de tener conocimiento de ellas”, amplió.
“El Gobierno reitera”, remachó la nota en su núcleo
argumental central, “que el Consejo de la Juventud es un
órgano independiente de la Ciudad y que en ningún caso se
puede responsabilizar a esta Administración de la naturaleza
de los gastos que ésta, como cualquier otra entidad que
recibe subvenciones, pueda realizar”.
“Jurídicamente imposible”
Sobre el discurrir judicial del proceso la Ciudad restó
trascendencia real a los planes de la Fiscalía advirtiendo
de que “no estamos en ningún caso ante un procedimiento
judicial, sino tan sólo ante una denuncia presentada en la
Fiscalía que esta, en aplicación del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, tiene la obligación de instruir”.
En la misma línea la Ciudad Autónoma dijo no tener más
conocimiento de la denuncia interpuesta por UDCE-IU que el
adquirido a través de lo publicado en los medios de
comunicación (“no ha habido comunicación alguna desde el
ámbito judicial”, se aseveró) y quiso dejar claro que a su
juicio y aún no compartiendo sus argumentos “cualquier
partido, entidad o ciudadano está en su derecho de poner el
asunto que crea conveniente en manos de la justicia”.
“El Gobierno está absolutamente convencido de que ninguno de
sus miembros ha cometido hecho delictivo alguno pero como
siempre ha hecho respeta las decisiones judiciales que se
puedan adoptar cualquiera que sea su naturaleza”, concluyó
la nota de la Ciudad, que dedicó uno de sus puntos a
desmentir lo aventurado por un medio de comunicación sobre
que “casi con toda seguridad” las consejeras acabarían
imputadas.
“Es jurídicamente imposible”, negó la Ciudad, “que
actualmente pueda pesar imputación alguna sobre algún
miembro del Gobierno. Del mismo modo, no existe elemento
objetivo que lleve a pensar que la pueda haber”.
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crisis en el consejo de la juventud
