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Los grupos políticos con representación institucional, la
Confederación de Empresarios (CECE), la Cámara de Comercio y
los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) han forjado un
consenso con matices alrededor de la defensa de las
bonificaciones limitadas en las cuotas empresariales a la
Seguridad Social que se implantaron en 2004 y posteriormente
los agentes sociales acordaron matizar a través de sendos
acuerdos en las dos ciudades autónomas. En el caso de Ceuta
dicho pacto entre patronal y sindicatos establece que es
obligación de las empresas beneficiarias abonar un
complemento retributivo a sus trabajadores igual al 0,8% del
salario base por cada cinco puntos porcentuales de
bonificación efectivamente aplicada.
En el informe que hace dos años emitió la Agencia de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios (AEVAL) para valorar la efectividad de la medida,
implantada para “procurar el mantenimiento y estimular la
creación de empleo en Ceuta y Melilla, en concreto en los
sectores de Comercio, Hostelería, Turismo y en la mayoría de
las ramas de la Industria”. El coste efectivo de estas
ayudas en la ciudad autónoma supera los 8 millones de euros
anuales para las arcas del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) y el número de beneficiarios supera
los 4.000 trabajadores por cuenta ajena y ronda los 2.000
autónomos.
Aunque aún nadie se ha atrevido a alzar públicamente la voz
contra el consenso existente no faltan voces representativas
que consideran que estas bonificaciones no han facilitado la
creación “ni de un puesto de trabajo” y abogan, por lo
bajini, porque el presupuesto que absorben se reconduzca a
otras iniciativas con el mismo propósito.
Las organizaciones empresariales defienden, sin embargo, que
aunque las ayudas no hayan creado empleo sí han sido
fundamentales para que no se hayan destruido más puestos de
trabajo en los sectores afectados durante los últimos seis
años.
En su último informe al respecto la Agencia de Evaluación
recomendó “adecuar” a la “consecución estricta” de su
objetivo” acabando con los acuerdos sociales que permiten
derivar parte de su montante a la mejora de la renta
disponible de los trabajadores, pero también abogó por
extender su aplicación “a todos los sectores de las
economías de Ceuta y Melilla”. “Si existen razones graves
que justifiquen la exclusión de la medida de algún sector,
deberían enumerarse explícita y públicamente”, propuso la
Agencia muy en sintonía con lo que piensa el PSOE.
La Agencia también habló de “variar” la cuantía de la
notificación “para poder discriminar positivamente en
proporción al número de trabajadores por cuenta ajena de la
empresa beneficiaria” y de “limitar a un periodo razonable”
el tiempo de que puedan ser perceptores de las ayudas los
autónomos “para ayudar a su conslidación, desapareciendo
progresivamente después”.
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propuesta
