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El Ministerio de la Presidencia, del que depende la
Secretaría de Estado de la Función Pública, disipó ayer las
dudas que mantenían la Delegación y la Ciudad y dio, en
declaraciones a este periódico, la razón a los sindicatos:
El Real Decreto 8/2010, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público no
implicará recortes en las indemnizaciones por residencia que
perciben, en distinta cuantía, los funcionarios que trabajan
en Ceuta y Melilla, los archipiélagos.
El Gobierno ceutí que preside Juan Vivas preparaba desde
anteayer informes “jurídicos y económicos” para defender,
como opinaba también el PSOE, la UDCE y los sindicatos, que
dicha prestación “no es un concepto retributivo, sino
indemnizatorio”.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y la de
Servicios Públicos de UGT en Ceuta opinaron al conocer la
confirmación de Presidencia que la no aplicación de los
recortes previstos para sueldo base y el resto de
complementos salariales de los trabajadores de la
Administración a este plus era “evidente” al estipular el
propio Real Decreto que “las indemnizaciones por razón del
servicio se regirán por su normativa específica”.
Los funcionarios y el Personal Laboral del sector público
perciben en Ceuta entre 10.136,40 y 3.597,72 euros al año
por este concepto, en función de su grupo y nivel
profesional, más que sus homólogos de la Península.
El consejero de Hacienda de la Ciudad, Francisco Márquez,
insistió ayer a los periodistas a mediodía en que a juicio
de Ceuta y Melilla “la residencia no es un concepto
retributivo y nunca lo ha sido”. “Defenderemos esta postura
porque se ajusta a Derecho, defiende a los empleados
públicos y a toda la ciudad por la incidencia que tendría su
recorte en la actividad económica general local al afectar a
un grupo con tanto peso en Ceuta como el de los
funcionarios”, explicó.
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ajustes del gobierno
