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La empresa municipal de la vivienda, Emvicesa, ha sacado a
subasta pública, por un millón de euros, la promoción de
Vivienda de Protección Oficial (VPO) para jóvenes que
construyó en la calle Calderón de la Barca, en Villajovita.
El objetivo de esta medida es rentabilizar el patrimonio
inmobiliario de la sociedad y descargarla de los gastos de
mantenimiento de sus bienes inmuebles una vez que ha
cumplido su finalidad, que tal como destaca su gerente,
Antonio López, es la promoción de vivienda protegida.
La empresa municipal de la vivienda (Emvicesa) ha sacado a
subasta pública la promoción de vivienda de protección
oficial (VPO) que construyó en la calle ‘Calderón de la
Barca’. El anuncio de venta de este edificio se publica en
el Boletín Oficial de Ceuta (BOCCE) de ayer viernes y su
objeto concreto es la ‘Contratación mediante procedimiento
abierto para la enajenación del edificio de 19 viviendas,
garajes y trasteros, con calificación definitiva de
protección oficial, sito en la calle Calderón de la Barca
número 15 y propiedad de Emvicesa’. La base de licitación
asciende a 1.000.331,67 euros y el criterio objetivo de
adjudicación es el de la oferta económica más alta.
Experiencia piloto
Tal como explicó el gerente de la empresa pública, Antonio
López, se trata de la primera ocasión en que Emvicesa
recurre a la venta de su patrimonio inmobiliario. La
intención es que un comprador interesado en la adquisición
de este inmueble, cuyos pisos se concedieron en régimen de
alquiler con opción a compra, se encargue de la gestión del
mismo. “Una vez que Emvicesa ha cumplido su objeto social,
que es la promoción de vivienda con algún tipo de protección
pública, ha respondido a su obligación, que no es la de
acumular patrimonio”, explica López.
De esta manera, y tal como señala López, se consigue por un
lado “ahorrar a Emvicesa el gasto de mantenimiento y gestión
de la promoción de VPO” y, por otro, “rentabilizar” el
patrimonio inmobiliario que esta sociedad pública vaya
acumulando.
Régimen jurídico
En lo que respecta a las garantías jurídicas para los
adjudicatarios de estas viviendas, López señala que su
cumplimiento está asegurado, pues las cláusulas del concurso
convocado para su enajenación obligan al comprador a
respetarlas. En definitiva, y tal como explica el
responsable de Emvicesa, el comprador deberá cumplir las
condiciones de los contratos firmados con los arrendatarios,
que han alquilado las viviendas por ocho años y con derecho
a compra.
López subraya las bondades de esta fórmula en la actual
coyuntura económica, en la que los presupuestos del extinto
Ministerio de Vivienda (cuyas funciones se han traspasado al
de Fomento tras la última remodelación del Gobierno central)
se han visto reducidas entre un 25 y un 35%. “El crédito se
ha reducido y ahora es muy difícil de conseguir, por lo que
esta fórmula puede ayudarnos para cofinanciar otras
actuaciones previstas en materia de vivienda de protección
oficial”, indica López. De funcionar esta experiencia
piloto, Emvicesa estudiaría emplearla con otras promociones
adjudicadas en régimen de alquiler, como es la de Serrano
Orive.
Las próximas actuaciones previstas por Emvicesa en el ámbito
de la VPO son la promoción de 72 viviendas de Pozo Rayo,
valorada en 9 millones de euros; la que en la parcela del
antiguo Cine África dará lugar a un edificio de alojamientos
y servicios para mayores de 65 años y la que se proyecta
levantar en los terrenos del ‘Plan Urban’ de las Caracolas,
en la barriada del Príncipe Felipe.
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Un plazo de 15 días para las solicitudes de participación
Según consta en el anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE) de ayer
viernes, los interesados en la compra del edificio de VPO de
Villajovita tienen un plazo de 15 días para presentar sus
solicitudes de participación en la subasta. El plazo cuenta
a partir de hoy, día siguiente al de publicación del
anuncio. El lugar de presentación de las instancias es la
sede de la empresa municipal Emvicesa, en la cuarta planta
del número 3 de la calle Cervantes. Como obligación del
requiriente consta la de “respetar el régimen de
arrendamiento (por diez años con opción a compra) otorgado
en la calificación definitiva de las viviendas y la
normativa aplicable a las viviendas de protección oficial”.
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