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Más de 4.000 ceutíes se beneficiaron en 2010 de la justicia
gratuita, concretamente, los abogados del turno de oficio se
encargaron de tramitar un total de 4.401 expedientes, sólo
un 4% menos que en el ejercicio de 2009, que sumaron los
4.584.
Sin embargo, frente a ello, el número de juicios rápidos
celebrados por los letrados ceutíes se incrementó un 8% ya
que el año pasado alcanzaron los 2.033 frente a los 1.874 de
2009. Ascenso que podría estar relacionado con el aumento de
delitos contra la salud pública, es decir, “tráfico de
drogas a pequeña escala que va por enjuiciamiento rápido y
que se asocia a la crisis como una operación para ganar
dinero en poco tiempo y que, al final casi todos reconocen
ante los jueces”, valoró la decana del Colegio de Abogados
de Ceuta, Isabel Valriberas.
En cuanto a los procedimientos de naturaleza penal, el
togado militar se saldó con 40 solicitudes en 2010 frente a
las 30 de 2009. Mientras que los juicios de faltas han
crecido, situándose en 238 durante el 2010 frente a los 167
celebrados en 2009. Y de la misma forma lo han hecho los
procedimientos civiles, con 699 designaciones y 80
denegaciones durante el año pasado mientras que en el
ejercicio anterior al mencionado fueron 829 designaciones
frente a 54 denegaciones.
El turno de oficio es el sistema que muchos países
establecen para garantizar el derecho a la asistencia y
defensa jurídica de todos los ciudadanos. La garantía del
derecho a la defensa jurídica implica que todos los
ciudadanos deben poder valerse de abogado y procurador,
tengan o no recursos económicos para pagar sus servicios.
Mediante el turno de oficio, el colegio de abogados asigna
un letrado al ciudadano en diferentes casos como, por
ejemplo, cuando carece de recursos para litigar, que es el
caso habitual. O cuando, aún teniendo recursos para litigar,
el ciudadano imputado en un proceso penal se niegue a
nombrar abogado o no lo tenga. A requerimiento del juez o de
la policía judicial se le nombra abogado de oficio para las
declaraciones iniciales.
Cuando, aún teniendo recursos para litigar y sin ser
preceptiva la intervención de letrado, se trate de
colectivos desfavorecidos o necesitados de especial
protección (menores, mujeres víctimas de violencia sexista,
extranjeros en situación irregular). Es el caso de los
procedimientos en materia de extranjería, en cuanto a
expulsión y asilo se refiere, que también sufrieron un
descenso ya que en 2010 se realizaron 153 expedientes de
expulsión mientras que en 2009 sumaron los 215. Mientras que
en Menores se pasó de los 448 casos a los 435 del ejercicio
anterior.
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