C.M./CEUTA.- Sobre el control jurisdiccional de la actividad
de las instituciones de la Unión Europea versó ayer el juez
del Tribunal General de la UE, Santiago Soldevila, último
ponente de la primera sesión de las II Jornadas Jurídicas.
El magistrado arrancó exponiendo el principio general de la
comunidad de derecho, el control jurisdiccional de la
actividad de la Administración, garantizado en España por la
Constitución, y en el resto de estados miembros por un
principio común que establecen los tribunales europeos, en
concreto, “el Tribunal de la Función Pública, con el control
del estatuto de los funcionarios públicos, la actividad
general de la Administración Europea, a través del Tribunal
General de la UE, y el Tribunal de Justicia, que es el
órgano de casación”, aclaró el ponente.
Dichos tribunales no tienen competencia penal sino que se
centran en el ámbito contencioso-administrativo, como por
ejemplo, “contratos, fijación de sanciones a un funcionario,
o la concesión de ayudas de Estado en el caso de que la
Comisión Europea dicte alguna resolución declarando que
alguna haya sido otorgada de manera contraria al
ordenamiento jurídico”, enumeró Soldevila, que dejó claro
que su misión era la de “velar porque las decisiones de la
Comisión Europea, que dicta en persecución de los acuerdos
de entidades económicas para restringir o evitar el juego de
la libre competencia en el mercado, se dicten con arreglo a
derecho. Por lo que el Tribunal General verifica que se han
respetado los derechos fundamentales, que ha habido
oportunidades de alegación, y que las pruebas son válidas” ,
apostilló. Y trasladando este ámbito al territorio nacional,
“España es un país que posee un alto nivel de cumplimiento
de las directivas comunitarias, se caracteriza por una
actividad legislativa importante para hacer la trasposición
del derecho comunitario, y como en todos los países, puede
darse algún incumplimiento. Pero, por lo general, España es
un país muy cumplidor con el derecho comunitario”, completó
este “juez de vocación”, que antes de llegar a la UE ya
pasaría por las salas de la Audiencia Nacional.
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