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					C.M./CEUTA.- Sobre el control jurisdiccional de la actividad 
					de las instituciones de la Unión Europea versó ayer el juez 
					del Tribunal General de la UE, Santiago Soldevila, último 
					ponente de la primera sesión de las II Jornadas Jurídicas.
					 
					 
					El magistrado arrancó exponiendo el principio general de la 
					comunidad de derecho, el control jurisdiccional de la 
					actividad de la Administración, garantizado en España por la 
					Constitución, y en el resto de estados miembros por un 
					principio común que establecen los tribunales europeos, en 
					concreto, “el Tribunal de la Función Pública, con el control 
					del estatuto de los funcionarios públicos, la actividad 
					general de la Administración Europea, a través del Tribunal 
					General de la UE, y el Tribunal de Justicia, que es el 
					órgano de casación”, aclaró el ponente.  
					 
					Dichos tribunales no tienen competencia penal sino que se 
					centran en el ámbito contencioso-administrativo, como por 
					ejemplo, “contratos, fijación de sanciones a un funcionario, 
					o la concesión de ayudas de Estado en el caso de que la 
					Comisión Europea dicte alguna resolución declarando que 
					alguna haya sido otorgada de manera contraria al 
					ordenamiento jurídico”, enumeró Soldevila, que dejó claro 
					que su misión era la de “velar porque las decisiones de la 
					Comisión Europea, que dicta en persecución de los acuerdos 
					de entidades económicas para restringir o evitar el juego de 
					la libre competencia en el mercado, se dicten con arreglo a 
					derecho. Por lo que el Tribunal General verifica que se han 
					respetado los derechos fundamentales, que ha habido 
					oportunidades de alegación, y que las pruebas son válidas” , 
					apostilló. Y trasladando este ámbito al territorio nacional, 
					“España es un país que posee un alto nivel de cumplimiento 
					de las directivas comunitarias, se caracteriza por una 
					actividad legislativa importante para hacer la trasposición 
					del derecho comunitario, y como en todos los países, puede 
					darse algún incumplimiento. Pero, por lo general, España es 
					un país muy cumplidor con el derecho comunitario”, completó 
					este “juez de vocación”, que antes de llegar a la UE ya 
					pasaría por las salas de la Audiencia Nacional. 
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