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La visita del inspector de Trabajo a los juzgados se realizó
a petición del sindicato CSIF el pasado mes de marzo y fue
muy pormenorizada. El funcionario fue comprobando la
deficiencias existentes en todas las plantas del edificio y
en la mayoría de los órganos judiciales y la Fiscalía. El
resultado es una serie de deficiencias graves en los
espacios de trabajo, las paredes y techos y las
instalaciones eléctricas que crean unas malas condiciones
para el trabajo de los funcionarios y su atención a los
ciudadanos.
La Inspección Provincial de Trabajo de Ceuta ha hecho una
propuesta de requerimiento a los responsables del Ministerio
de Justicia por la comisión de una infracción muy grave
detectada en el edificio de los juzgados en Serrano Orive.
El requerimiento es el resultado de una detallada inspección
que fue realizada el 8 de marzo pasado en los juzgados y en
la que estuvieron presentes el delegado de la Gerencia
Territorial del Ministerio de Justicia en Ceuta y un técnico
de mantenimiento que atendieron a las peticiones de
información y documentación hechas por el inspector.
El resultado de la inspección fue demoledor por el
incumplimiento de diversas normativas relacionadas con el
riesgo de accidentes por contacto con la electricidad,
emanaciones de humedad, filtraciones de agua, falta de
espacio en los pasillos y las oficinas, mala señalización de
los pasillos de evacuación y puertas de emergencia, ausencia
de información sobre revisiones técnicas en las
instalaciones e inexistencia de un Plan de Emergencias y
Evacuación.
El recorrido del inspector de Trabajo por el edificio
judicial sirvió para que este constatara que hay diversas
ventanas con cerramientos deficientes instaladas junto a
enchufes, cableado eléctrico y equipos informáticos. El
informe destaca situaciones de ese tipo en los juzgados de
Primera Instancia e Instrucción 3 y 6, en la segunda planta,
y la Fiscalía y el Juzgado de Menores, en la tercera planta.
El panorama de las manchas de humedad y filtraciones, que ha
sido denunciado en numerosas ocasiones por el sindicato
CC.OO y recientemente por CSIF, se extiende a los juzgados
de Primera Instancia e Instrucción 3 y 4, la Fiscalía y el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 en el
que el inspector pudo ver cubos en el suelo para recoger el
agua que caía del techo.
La inspección destacó un problema muy generalizado en los
juzgados que es la excesiva estrechez de los pasillos,
algunos son inferiores a un metro, y los pocos espacios que
existen para el paso de las personas entre las mesas de los
funcionarios. El acta reflejó varios casos de oficinas donde
la distancia entre las mesas es de 42 y 47 centímetros.
En la evaluación de riesgos que se aportó al inspector “no
aparece medición alguna de dimensiones relevantes (a efectos
de las previsiones y exigencias de la normativa de
prevención de riesgos) de las dimensiones del lugar y
puestos de trabajo”.
La observación de las deficiencias y anomalías contrarias a
diversas normativas y a la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales fueron detectadas también en el sótano del
inmueble. En este se encuentran la oficina del Juzgado
Decano, el Servicio Común de Notificaciones y Embargos y las
antiguas dependencias de los juzgados penales hasta enero
pasado, que ahora están siendo acondicionadas como aula de
formación. En esa zona existen “contradicciones y carencias
en cuanto a la señalización de la evacuación” y se pone como
ejemplo que “está señalizado el pasillo de evacuación de
forma contradictoria hacia la izquierda (donde se ubica una
salida de emergencia) y hacia la derecha (donde no hay
salida ninguna)”. La confusión sobre ese tipo de
indicaciones se extiende a que “en la planta baja hay alguna
puerta antifuegos no señalizada como pasillo y puerta de
evacuación y en la bajada de la planta tercera a la segunda
está sin señalizar el camino de evacuación”.
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales tenía varios
espacios en blanco, concretamente los destinados a la fecha
y firma de su aprobación, la fecha y el cargo de la persona
que asumió el plan y tampoco consta qué persona se encarga
de fomentar la prevención de riesgos laborales.
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Plazos de entre uno y seis meses para hacer las reparaciones
El requerimiento da plazos de
entre uno y seis meses para que se reparen las deficiencias
y se hagan las adaptaciones a las normativas. Así, se
concede un mes para firmar el Plan de Prevención de Riesgos
Laborales y la designación de su responsable, dos meses para
los trabajos de limpieza y saneamiento y el mismo tiempo
para colocación de las señales de evacuación. El plazo
mayor, de seis meses, es para solventar las deficiencias
constructivas y de impermeabilización. EL PUEBLO contactó
con la Secretaria de Gobierno, Josefa Vilar, para conocer
como el ministerio va a afrontar los arreglos, pero nos
derivó a Oscar Miras, delegado de la Gerencia Territorial
que no pudo ser localizado ayer.
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las deficiencias de la administración
de justicia
