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Para estas dos sesiones de juicios, la Fiscalía ha pedido la
declaración de ocho civiles y otros nueve agentes de la
Benemérita en calidad de testigos. Además de la audición de
varias conversaciones telefónicas interceptadas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las que se
pusieron en práctica las supuestas conductas “ilícitas” por
parte de los acusados.
La defensa, por su parte, impugnará dichas intervenciones
telefónicas que se realizaron sobre los acusados, que
deberán esclarecer ante el tribunal de la Sección VI de la
Audiencia Provincial, órgano designado como competente
después de que el Juzgado de Instrucción número 1 dictase el
auto de apertura de juicio oral, su presunta relación en la
causa. Y ello porque, según lo confirmado por fuentes
cercanas al caso, la única prueba de cargo que podría
existir sobre los acusados serían estas intervenciones
telefónicas, “sin control alguno y en determinados momentos
ilegales al no tener vigentes la orden de la autoridad
judicial”.
Pases concretos
De los móviles ‘pinchados’ se obtuvieron las siguientes
informaciones. El día 20 mayo de 2003, uno de los imputados
que prestaba servicios de control en la frontera negó el
acceso de entrada a la ciudad a un marroquí que carecía de
permiso de conducción válido en España. Pese a ello, y por
41 euros, el mismo le permitió el paso una vez recibido el
dinero a través de un tercero.
El día uno de agosto de dicho año, uno de los cooperadores
de los agentes en el puesto fronterizo exigió al conductor
de un Renault Express una cantidad de dinero que no consta
determinada en el procedimiento a cambio de permitirle el
paso por la aduana de tal forma que, una vez entregada la
cantidad al Sargento de la Guardia Civil, se le dio paso
permitiéndole el acceso a Ceuta.
Otro de los hechos incluidos por la fiscal en el escrito de
acusación se refieren al 6 de septiembre de 2003 cuando, al
parecer, un ciudadano marroquí llevaba en su vehículo
mercancías cuya entrada en Ceuta requerían un adecuado
control sanitario del que carecían, por lo que uno de los
acusados le negó el paso al conductor hasta que otro de los
cooperadores intervino y le pidió cierta cantidad de dinero,
que al llegar a las manos del agente, dio luz verde al cruce
de la frontera.
En el caso de los tres civiles, los hechos concretos por los
que se les acusa tuvieron lugar el día uno de agosto de
dicho año, cuando uno de los cooperadores de los agentes en
el puesto fronterizo exigió al conductor de un Renault
Express una cantidad de dinero que no consta determinada en
el procedimiento a cambio de permitirle el paso por la
aduana de tal forma que, una vez entregada la cantidad al
Sargento de la Guardia Civil, se le dio paso permitiéndole
el acceso a Ceuta.
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tribunales / presunta ilegalidad en la frontera
