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La representante del Ministerio Fiscal en la ciudad ha
imputado un delito de tráfico de menores a un matrimonio
malagueño y a una marroquí residente en Ceuta que, tras ser
detenidos el pasado lunes, declararon ayer ante la titular
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, que
dejó en libertad con cargos a los tres procesados al
entender que el caso presentaba “muchas contradicciones” y
con el fin de iniciar una investigación exhaustiva sobre la
supuesta compra de un bebé.
Una marroquí residente en la ciudad y un matrimonio
procedente de Málaga pasaron ayer a disposición judicial
tras ser detenidos e investigados por el delito de tráfico
de menores que, provisionalmente, les ha imputado la
representante del Ministerio Fiscal en la ciudad en base a
las pruebas y declaraciones que ya forman parte del caso.
Los tres acusados fueron interrogados durante la mañana de
ayer por la titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 6 que, ante las “muchas contradicciones”
que presenta el procedimiento y los numerosos testigos que
serán llamados a declarar, dejó a los tres procesados en
libertad con cargos a fin de iniciar una investigación
exhaustiva sobre la supuesta compra de un bebé, según
explicaron a este medio fuentes judiciales cercanas al caso.
Con respecto al interrogatorio, la mujer y el matrimonio
negaron los hechos que se les imputaban aunque sí
reconocieron que se conocían previamente. La joven marroquí
explicó que, efectivamente, había estado embarazada y que
había dado a luz en el Hospital Universitario en la
madrugada del martes mientras que el matrimonio reiteró que
nunca habían acordado la compra del bebé a la mujer. Pero,
según informaron ayer desde la Jefatura Superior de Policía,
a través de un comunicado de prensa, los presuntos
compradores se encontraban en la habitación del centro
sanitario cuando la joven dio a luz, por lo que el Cuerpo
Nacional de Policía desplegó un dispositivo en el hospital
que se saldó con la detención de los tres. Según confirmaron
desde la Fiscalía, las tres personas permanecían bajo
investigación ya que un funcionario en prácticas del CNP
había recibido algunas pesquisas sobre lo que podría
ocurrir, por lo que comenzaron las sospechas y se informó al
grupo. Concretamente, el agente sabía que la compra se
efectuaría por valor de 3.000 euros, señalaron desde la
Jefatura Superior de Policía. De momento, la fase de
instrucción del caso va a seguir la vía judicial pertinente
a fin de esclarecer si las sospechas en torno a la compra
del bebé fueran ciertas. En este caso, y como ya plantea la
Fiscalía de manera provisional, los tres imputados
permanecerán en libertad pero con cargos, referidos estos al
delito de tráfico de menores, tipificado en el artículo 221
del Código Penal. Dicho delito castiga a los que, mediante
compensación económica, entreguen a otra persona un hijo,
descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación
de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos
legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la
finalidad de establecer una relación análoga a la de
filiación, lo que podría conllevar penas de prisión de uno a
cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio
del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda
por tiempo de cuatro a diez años.
Según explicaron fuentes judiciales cercanas al caso, tras
la fase de instrucción, el procedimiento recaería sobre los
Juzgados de lo Penal de la ciudad siempre y cuando no sea
archivado antes de llegar a tal trámite por inexistencia de
pruebas.
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Un delito que contempla cárcel e inhabilitación para la
patria potestad
La Fiscalía ha calificado
provisionalmente los hechos como constitutivos de un delito
de tráfico de menores, que castiga tanto a la persona que
entrega como a los receptores. Según dicta el artículo 221
del Código Penal, los que, mediando compensación económica,
entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier
menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco,
eludiendo los procedimientos legales de la guarda,
acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una
relación análoga a la de filiación, serán castigados con las
penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de la patria
potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a
diez años.
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