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El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la
ciudad establece, entre otros criterios destacados por parte
del Gobierno autonómico, la reserva de un 30 por ciento del
nuevo suelo residencial para la construcción de viviendas
con algún tipo de protección pública. Así se subrayó tras la
presentación del documento en Madrid por parte del
presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, el pasado 21 de
marzo. En la reunión con la secretaria de Estado de
Vivienda, Beatriz Corredor, el presidente estuvo acompañado
por el entonces consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, y
los responsables de Hacienda, Francisco Márquez, y Economía,
Guillermo Martínez, este último responsable ahora de la
tramitación del PGOU al frente de Fomento y Medio Ambiente.
Entre los “objetivos concretos” del PGOU, el Ejecutivo
señaló “la necesidad de reordenar áreas urbanas degradadas”,
un fin para el que el vigente planeamiento se ha mostrado
“ineficaz”.
El texto establece asimismo “una estrategia para lograr una
mejor distribución a lo largo de la trama urbana de los
equipamientos públicos”, y además, “reordena la estructura
viaria, abriendo nuevas arterias de tráfico que permiten la
mejora de las comunicaciones”.
En la presentación, Vivas señaló, entre los aspectos
positivos de la revisión del Plan General que “de entrada,
con la adaptación del vigente PGOU se revisa un documento
obsoleto, que desde que se aprobó en 1992 ha visto cómo se
promulgaban hasta cuatro leyes de suelo”. El documento se
adapta en definitiva a la nueva normativa “y afronta desde
ahí los objetivos”, entre ellos, la señalada propuesta de
reserva a la construcción de viviendas protegidas de un 30%
del nuevo suelo residencial que esté pendiente de
transformación urbanística. Además, la Ciudad “se hará con
la titularidad de 15% del aprovechamiento urbanístico del
suelo residencial de cada proyecto pendiente de
transformación urbanística”.
Desde el punto de vista del medio ambiente, el documento
apuesta por una ordenación “basada en la sostenibilidad y en
la que se diferencia entre zonas urbanizables y las
dedicadas al esparcimiento y aprovechamiento público”.
La Ciudad hizo hincapié en que con la entrega del documento,
Vivienda podía “comenzar a trabajar” en su revisión, por lo
que consideraba que los plazos del procedimiento “se
acortarán”. Este es un aspecto que “cobra especial
relevancia -indicaba el Ejecutivo-, pues la aprobación
inicial de un nuevo Plan General supone la suspensión de la
tramitación de licencias de edificación en las zonas en las
que se prevé una nueva ordenación”, aspecto del proceso que
“más preocupa” a los profesionales del sector, como señaló
entonces a este diario el decano del Colegio de Arquitectos,
José Luis Pérez Marín.
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plan general de ordenación urbana
