|
La propuesta para que los gerentes de empresas municipales,
independientemente de su formación, puedan acceder a
Direcciones Generales del Gobierno marcó el pleno ordinario
de noviembre, que una vez más se alargó durante casi doce
horas hasta que a las 21.00 horas Adela Nieto dio por
concluida la sesión. De ella ya se habían ausentado Juan
Vivas y José Antonio Carracao, que tenían mayores
compromisos que atender. No así los de Caballas, que
volvieron a poner la nota discordante en el debate en el que
los socialistas ejercieron de mediadores en unas propuestas
cuya resolución siempre se decantó por el voto opular.
Francisco Márquez destapó ayer la caja de los truenos en la
Asamblea. El consejero de Hacienda y Recursos Humanos
presentó y defendió ante el plenario la modificación del
Acuerdo Regulador del régimen de retribuciones de los
miembros del Gobierno, diputados de la Asamblea, altos
cargos y personal de confianza. Un apartado en el que los
populares propusieron “aprovechar la experiencia de personal
de la Administración” para que desempeñen la labor de
director general, aunque no cumplan con los requisitos de
formación que exige la Ley Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado (LOFAGE). Ahora,
cualquier gerente de una empresa municipal, podrá ostentar
este puesto.
Según la normativa, sólo pueden acceder al puesto aquellos
“funcionarios de carrera de las entidades locales a los que
se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado,
ingeniero, arquitecto o equivalente. Sólo hay una excepción
que el Real Decreto de estructura del Departamento permita
que, en atención a las características específicas de las
funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha
condición de funcionario. Casos excepcionales que ahora el
Gobierno quiere normalizar ante la indignación tanto de
Caballas como del Partido Socialista.
Traje a medida para Diestro
Juan Luis Aróstegui, que se erigió portavoz del grupo
Caballas durante el debate de esta propuesta, planteó la
ilegalidad de la propuesta que alegó “es un traje a medida
para acoplar al señor Diestro -gerente de Procesa- al equipo
de Gobierno”. El miembro de la Coalición aseguró que la
propuesta no cuenta con ningún respaldo técnico y que supone
un agravio comparativo para los funcionarios de carrera.
Márquez acusó a Aróstegui de hacer de todo “una tragedia
griega” y defendió que la medida sólo “amplía el abanico
para contar con los mejores”, eso sí, “a coste cero”, porque
ya forman parte de la Administración como gerentes.
Por su parte, Carracao atacó la “incoherencia” del discurso
del PP que por un lado primó la presencia de los técnicos
sobre los políticos en otros órganos, para después, a través
de Márquez, defender la libre designación -por decisión
política- de los directores generales. Para Carracao aprobar
esta propuesta “debilita la figura del director general, si
este no tiene formación”. Aunque Márquez alegó que esto ya
se ha hecho en otras Administraciones. La medida se sacó
adelante gracias a la mayoría del PP (17 frente a siete en
contra).
|
|
Caballas, PSOE y UGT anuncian un recurso ante el TSJA contra
la modificación del reglamento
Los dos partidos de la oposición
anunciaron ayer en la Asamblea su intención de llevar ante
los juzgados la decisión de que cualquier gerente de una
empresa municipal pueda convertirse en director general de
la Administración. Primero, Aróstegui aseguró que su partido
interpondría un recurso contra una decisión que tachó de
“ilegal”, mientras que Carracao anunció que participaría en
las acciones legales que se emprendan. Después, UGT, a
través de comunicado, anunció su voluntad de interponer un
recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El líder de los socialistas recordó que la LOFAGE, que
regula los nombramientos de directores generales, incluye la
posibilidad de que estos no cuenten con formación. Un
argumento que también esgrimieron desde Caballas para pedir
que por un caso no se cambie la norma. Sin embargo, Márquez
aseguró que esta medida contribuirá a cumplir con la
modificación de 2010 del acuerdo, por la que se exigía la
rebaja del gasto en sueldos, que se ha reducido en un 22%.
|
PLENO ORDINARIO DE LA ASAMBLEA
