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ACTUALIDAD - SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE DE 2011


asamblea de ceuta. archivo.

consejo de gobierno
 

La Ciudad crea un modelo
regulador para evitar “fraudes”
en las bajas de funcionarios

Con esta medida, presentada ayer al
Consejo de Gobierno por Hacienda
y Recursos Humanos, se pretenden
respetar los derechos de los empleados públicos que cumplen con la ley
 

CEUTA
Paula Zumeta

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un modelo para la gestión de los procesos de incapacidad temporal. Con él se pretende clarificar qué deben hacer tanto los empleados públicos de la Ciudad como el Servicio Médico de la Administración local ante un caso de baja. Se trata además de evitar los riesgos de abusos y fraudes y a la vez, respetar los derechos de quien sí esté en la situación de incapacidad temporal prevista por la ley. Así, la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos ha elaborado este documento de once puntos.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un nuevo modelo para la gestión de los procesos de incapacidad temporal. Con él se pretende clarificar qué deben hacer tanto los empleados públicos de la Ciudad como el Servicio Médico de la Administración local ante un caso de baja. Se trata, además, de evitar los riesgos de abusos y fraudes, y a la vez, respetar los derechos de quien sí esté en la situación de incapacidad prevista en la ley. Así lo informó ayer el portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Martínez.

Esta medida se incluye “dentro del ámbito de iniciativas para mejorar la eficacia y eficiencia en la administración”. Así “se intensificarán los controles relacionados con la incapacidad laboral y en definitiva, con el absentismo entre los funcionarios”. El portavoz también anunció que este modelo parte de un “acuerdo” consensuado con las centrales sindicales de la ciudad, dentro del “ámbito del respeto al convenio colectivo vigente y al estatuto de la función pública”, destacó.

En este documento se han establecido los protocolos a seguir por parte de los funcionarios y del personal laboral de la administración en el caso de una baja o proceso de incapacidad temporal; simultáneamente se intensificarán los protocolos que puede aplicar la administración “para un mayor control de la inspección médica en este tipo de casos”. Así, la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos ha resumido este modelo en once puntos. El primero dice que “todo empleado/a público/a que se encuentre en situación de baja médica tendrá que justificar tal extremo de manera obligatoria desde el primer día de enfermedad”. Para ello, el empleado afectado podrá presentar el volante médico justificativo de la enfermedad o comunicar al servicio respectivo de pertenencia que lo comunicará al Servicio Médico.

El segundo aspecto se centra en los partes médicos justificativos de la enfermedad, los cuales deberán ser presentados al Servicio Médico de la Ciudad en la avenida Cañonero Dato. En tercer lugar, en caso de que el empleado público haya optado por una simple comunicación de su enfermedad, podrá haber “una visita de los servicios médicos de la Ciudad a domicilio” con el objetivo de ratificar este hecho -para los casos de ausencia de tres o más días-.

El cuarto punto resalta que el parte de comunicación de la situación de incapacidad temporal será “responsabilidad del empleado afecto” y deberá ser realizada en un plazo no mayor de tres días contados a partir del mismo día de expedición del parte médico de baja/confirmación/alta. En cuanto al quinto aspecto, presentado en el Servicio Médico el parte de baja, se procederá a la solicitud de la Inspección Médica del Ingesa mediante oficio con acuse de recibo, de un informe de la situación del empleado en esta situación con indicación “explícita del tiempo probable de duración de la incapacidad”. En sexto lugar, cuando el tiempo de permanencia en incapacidad temporal supere el 10% establecido, el empleado será citado para su asistencia al Servicio Médico para comprobar la idoneidad de la situación.

Si de las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio Médico se concluyera una situación irregular, se informará al Ingesa y se trasladará el informe a la Inspección de Trabajo, reza el séptimo punto.

En octavo lugar, una vez recibido el parte de alta, el empleado deberá presentarlo “inmediatamente” al Servicio Médico -tendrá que reincorporarse al día después de su expedición-.

No habrá recortes


Por otra parte, el Servicio Médico realizará un informe mensual acerca de la evolución de las incapacidades de los empleados y que será remitido al órgano competente en materia de RRHH y enviado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Ciudad, explica el noveno punto. En cuanto al décimo, si se incumple la presentación de los partes en los plazos establecidos, se derivarán las responsabilidades disciplinarias que “legalmente correspondan”. Por último, se respetará “en todo caso” la intimidad y la dignidad de los trabajadores de la Ciudad.

En relación a los supuestos recortes de los salarios de los trabajadores públicos, Martínez aseguró que no va a haber “recortes por definición; en el documento presupuestario se puede comprobar que no existe esa previsión de hacer ningún tipo de ajustes, salvo que, indudablemente por imperativo legal, tanto de la Administración General del Estado como de la Unión Europea, los haya”. Sin embargo, “no hay voluntad política de este gobierno de llevar a cabo ningún tipo de recorte en los sueldos y salarios que perciben los funcionarios de la Ciudad en ninguno de sus conceptos”, finalizó Martínez.
 


Inversión de 840.000 euros para la seguridad en centros de menores

El Ejecutivo local ha dado un paso adelante para iniciar el expediente de contratación de los servicios de vigilancia de los centros de menores de la ciudad. Según explicó el portavoz, Guillermo Martínez, la inversión ascenderá a 840.000 euros, 420.000 euros para dos anualidades. “Es un servicio de importante coste puesto que supone establecer vigilancia las 24 horas en estas instalaciones y son un gran número de personas las que prestan este servicio”, destacó. Por otra parte, el Consejo de Gobierno también aprobó el servicio plurianual de limpieza y lavandería de los centros de menores de ‘La Esperanza’ y ’San Ildefonso’. El importe, para los ejercicios de 2012 a 2013, ascenderá a 431.000 euros para los dos años.
 


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