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El Consejo de Gobierno aprobó ayer un modelo para la gestión
de los procesos de incapacidad temporal. Con él se pretende
clarificar qué deben hacer tanto los empleados públicos de
la Ciudad como el Servicio Médico de la Administración local
ante un caso de baja. Se trata además de evitar los riesgos
de abusos y fraudes y a la vez, respetar los derechos de
quien sí esté en la situación de incapacidad temporal
prevista por la ley. Así, la Consejería de Hacienda y
Recursos Humanos ha elaborado este documento de once puntos.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer un nuevo modelo para la
gestión de los procesos de incapacidad temporal. Con él se
pretende clarificar qué deben hacer tanto los empleados
públicos de la Ciudad como el Servicio Médico de la
Administración local ante un caso de baja. Se trata, además,
de evitar los riesgos de abusos y fraudes, y a la vez,
respetar los derechos de quien sí esté en la situación de
incapacidad prevista en la ley. Así lo informó ayer el
portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Martínez.
Esta medida se incluye “dentro del ámbito de iniciativas
para mejorar la eficacia y eficiencia en la administración”.
Así “se intensificarán los controles relacionados con la
incapacidad laboral y en definitiva, con el absentismo entre
los funcionarios”. El portavoz también anunció que este
modelo parte de un “acuerdo” consensuado con las centrales
sindicales de la ciudad, dentro del “ámbito del respeto al
convenio colectivo vigente y al estatuto de la función
pública”, destacó.
En este documento se han establecido los protocolos a seguir
por parte de los funcionarios y del personal laboral de la
administración en el caso de una baja o proceso de
incapacidad temporal; simultáneamente se intensificarán los
protocolos que puede aplicar la administración “para un
mayor control de la inspección médica en este tipo de
casos”. Así, la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos ha
resumido este modelo en once puntos. El primero dice que
“todo empleado/a público/a que se encuentre en situación de
baja médica tendrá que justificar tal extremo de manera
obligatoria desde el primer día de enfermedad”. Para ello,
el empleado afectado podrá presentar el volante médico
justificativo de la enfermedad o comunicar al servicio
respectivo de pertenencia que lo comunicará al Servicio
Médico.
El segundo aspecto se centra en los partes médicos
justificativos de la enfermedad, los cuales deberán ser
presentados al Servicio Médico de la Ciudad en la avenida
Cañonero Dato. En tercer lugar, en caso de que el empleado
público haya optado por una simple comunicación de su
enfermedad, podrá haber “una visita de los servicios médicos
de la Ciudad a domicilio” con el objetivo de ratificar este
hecho -para los casos de ausencia de tres o más días-.
El cuarto punto resalta que el parte de comunicación de la
situación de incapacidad temporal será “responsabilidad del
empleado afecto” y deberá ser realizada en un plazo no mayor
de tres días contados a partir del mismo día de expedición
del parte médico de baja/confirmación/alta. En cuanto al
quinto aspecto, presentado en el Servicio Médico el parte de
baja, se procederá a la solicitud de la Inspección Médica
del Ingesa mediante oficio con acuse de recibo, de un
informe de la situación del empleado en esta situación con
indicación “explícita del tiempo probable de duración de la
incapacidad”. En sexto lugar, cuando el tiempo de
permanencia en incapacidad temporal supere el 10%
establecido, el empleado será citado para su asistencia al
Servicio Médico para comprobar la idoneidad de la situación.
Si de las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio Médico
se concluyera una situación irregular, se informará al
Ingesa y se trasladará el informe a la Inspección de
Trabajo, reza el séptimo punto.
En octavo lugar, una vez recibido el parte de alta, el
empleado deberá presentarlo “inmediatamente” al Servicio
Médico -tendrá que reincorporarse al día después de su
expedición-.
No habrá recortes
Por otra parte, el Servicio Médico realizará un informe
mensual acerca de la evolución de las incapacidades de los
empleados y que será remitido al órgano competente en
materia de RRHH y enviado al Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Ciudad, explica el noveno punto. En
cuanto al décimo, si se incumple la presentación de los
partes en los plazos establecidos, se derivarán las
responsabilidades disciplinarias que “legalmente
correspondan”. Por último, se respetará “en todo caso” la
intimidad y la dignidad de los trabajadores de la Ciudad.
En relación a los supuestos recortes de los salarios de los
trabajadores públicos, Martínez aseguró que no va a haber
“recortes por definición; en el documento presupuestario se
puede comprobar que no existe esa previsión de hacer ningún
tipo de ajustes, salvo que, indudablemente por imperativo
legal, tanto de la Administración General del Estado como de
la Unión Europea, los haya”. Sin embargo, “no hay voluntad
política de este gobierno de llevar a cabo ningún tipo de
recorte en los sueldos y salarios que perciben los
funcionarios de la Ciudad en ninguno de sus conceptos”,
finalizó Martínez.
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Inversión de 840.000 euros para la seguridad en centros de
menores
El Ejecutivo local ha dado un paso
adelante para iniciar el expediente de contratación de los
servicios de vigilancia de los centros de menores de la
ciudad. Según explicó el portavoz, Guillermo Martínez, la
inversión ascenderá a 840.000 euros, 420.000 euros para dos
anualidades. “Es un servicio de importante coste puesto que
supone establecer vigilancia las 24 horas en estas
instalaciones y son un gran número de personas las que
prestan este servicio”, destacó. Por otra parte, el Consejo
de Gobierno también aprobó el servicio plurianual de
limpieza y lavandería de los centros de menores de ‘La
Esperanza’ y ’San Ildefonso’. El importe, para los
ejercicios de 2012 a 2013, ascenderá a 431.000 euros para
los dos años.
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