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					El Consejo de Gobierno ratificó el pasado viernes el futuro 
					establecimiento de un procedimiento “claro” en cuanto a la 
					gestión de los procesos de incapacidad temporal de la 
					Administración local. Así, tal y como informó este diario en 
					su edición de ayer, el objetivo es “clarificar” y “evitar 
					los riesgos de abusos y fraudes” en relación a las bajas. 
					 
					El Consejo de Gobierno ratificó el pasado viernes el futuro 
					establecimiento de un procedimiento “claro” en cuanto a la 
					gestión de los procesos de incapacidad temporal en la 
					Administración local. Así, tal y como informó este diario en 
					su edición de ayer, el objetivo es “clarificar” actuaciones 
					a llevar a cabo tanto por los órganos competentes en la 
					materia como por el propio empleado público afectado. Se 
					trata además de “evitar los riesgos de abusos y fraudes”. A 
					la vez, el objetivo de la Ciudad será “respetar los 
					derechos” de los trabajadores de la Administración local que 
					“efectivamente estén en la situación de incapacidad prevista 
					por la Ley”. Por ello, y tras consensuar esta iniciativa con 
					las centrales sindicales y de acuerdo con lo previsto en el 
					Acuerdo Regulador y Convenio Colectivo, la aprobación de 
					este modelo incluye once puntos.  
					 
					Por ejemplo, todo empleado público que se encuentre en 
					situación de baja médica tendrá que justificar este extremo 
					de manera obligatoria desde el “primer día de enfermedad”. 
					Para ello, deberá presentar volante médico justificativo de 
					la enfermedad o comunicar al servicio respectivo de 
					pertenencia que lo comunicará al Servicio Médico. Si no 
					seinforma de la baja y sólo hay una comunicación al servicio 
					respectivo, la Ciudad podrá llevar a cabo visitas a 
					domicilio a través de sus servicios médicos para ratificar 
					esta circunstancia y proceder al parte oficial de baja. Con 
					estas medidas se pretende erradicar el absentismo sin 
					justificar que se produce en la Administración local.  
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