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					El nuevo contrato de limpieza que se licitará a comienzos de 
					2012 estará dotado de 16.224.836 millones de euros anuales. 
					Una cifra que se acordó ayer en el Consejo de Gobierno, tras 
					una modificación del documento original donde un error de 
					cálculo arrojó un presupuesto más bajo. Tras la reunión de 
					los miembros del Ejecutivo, Guillermo Martínez Arcas 
					compareció ante los medios para dar cuenta de este y otros 
					acuerdos. 
					 
					Los miembros del Ejecutivo aprovecharon el último Consejo de 
					Gobierno del año, celebrado ayer, para modificar el acuerdo 
					que se firmó hace dos semanas sobre el gasto plurianual del 
					servicio de limpieza, recogida de residuos sólidos urbanos y 
					contenerización. El cambio estuvo motivado por una “errata 
					material” en la primera previsión donde por un fallo en la 
					hoja de cálculo no se introdujo un gasto de 177.000 euros, 
					según explicó el portavoz del Gobierno Guillermo Martínez 
					Arcas. Finalmente, ayer los consejeros encabezados por el 
					presidente de la Ciudad Autónoma aprobaron un nuevo acuerdo 
					en el que se recoge un gasto plurianual de 16.224.836 euros 
					para el contrato que “saldrá a licitación en las próximas 
					fechas”, informó el popular. 
					 
					Actualmente, Urbaser es la adjudicataria de este servicio 
					que próximamente saldrá a concurso. De momento, la 
					Consejería de Servicios Comunitarios y Barriadas dirigida 
					por Gregorio García Castañeda está redactando el pliego de 
					condiciones para conceder esta licitación que incluso antes 
					de ser convocada ya está suscitando polémica. Muestra de 
					ello fue el debate surgido el miércoles en el Pleno de la 
					Asamblea en el que Juan Luis Aróstegui alegó que la empresa 
					no cumple con los servicios estipulados de limpieza y además 
					expuso sus “dudas” sobre un posible “trato de favor” a la 
					empresa en la adjudicación del nuevo contrato porque, según 
					él, la Ciudad les debería veinte millones de euros. 
					 
					Martínez Arcas quiso contestar ayer a estas acusaciones con 
					datos en la mano. El portavoz del Gobierno aseguró que la 
					deuda que consta en este momento en la Consejería de 
					Servicios Comunitarios y Barriadas con Urbaser “es 
					exactamente de siete mensualidades” que traducido a dinero 
					asciende a una cantidad aproximada de diez millones de 
					euros. “La última factura que se pagó es la del mes de 
					abril”, añadió el portavoz que se mostró muy tajante al 
					asegurar que si en el momento de la adjudicación existiera 
					la deuda, “no condicionará ninguna licitación”. 
					 
					En cuanto a la facturación, Martínez Arcas quiso dejar claro 
					que “sólo se pagan los servicios que se están prestando”. 
					Para ello, desde la Consejería sigue muy de cerca el trabajo 
					que se desarrolla.  
					 
					Seguimiento exhaustivo 
					 
					“Una certificación de este contrato de Urbaser requiere 
					primero que se determine por parte de los capataces de cada 
					servicio el cumplimiento de los cometidos que después son 
					fiscalizados por los controladores del área de Medio 
					Ambiente expresamente destinados a ese cometido. Ellos 
					verifican que el baldeo y la recogida de residuos se hayan 
					producido a la hora y en el sitio que se tenían que 
					producir. A partir de ahí se produce el visado de otro 
					supervisor técnico de la Ciudad y la fiscalización del 
					interventor previo al pago final del consejero”, detalló el 
					portavoz. Mientras que justificó el alto coste de este 
					servicio por las nóminas de los más de 500 trabajadores que 
					tiene la empresa, y aseguró que en ningún caso el dinero va 
					destinado a “amortizar la maquinaria”. 
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					Nueva guía de subvenciones para empresas y apuesta por 
					‘Red.es’ 
					Los miembros del Ejecutivo 
					aprobaron en su última reunión del año, a propuesta del 
					consejero de Hacienda, una guía de fiscalización de 
					subvenciones. El documento pretende clarificar la 
					documentación que deben aportar aquellas empresas que 
					soliciten una subvención y recogerá ejemplos concretos para 
					ilustrar la información tanto sobre subvenciones 
					nominativas, las que se producen en concurrencia competitiva 
					o incluso las que se otorgan de manera excepcional, según 
					anunció el portavoz del Ejecutivo. En su sesión de ayer, el 
					Consejo de Gobierno también ratificó ayer la prórroga del 
					convenio ‘Red.es’ alcanzado entre la Ciudad y el Ministerio 
					de Fomento en el año 2009 para incluir todas las 
					modificaciones o actuaciones en el ámbito urbanístico en una 
					misma página web con el objetivo de que cualquier persona 
					interesada pueda acceder a esta información.  
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