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					La Federación de Servicios Públicos del Sindicato UGT en 
					Ceuta ha hecho pública su disconformidad con las medidas 
					propuestas el pasado miércoles por el ministro de Justicia, 
					Alberto Ruiz-Gallardón, en su primera comparecencia ante el 
					Congreso de los Diputados. A través de una nota de prensa, 
					el sector de UGT-Justicia de Ceuta se centra en su oposición 
					a las medidas anunciadas para terminar con el exceso de 
					litigiosidad y la moderación de los abusos en el acceso a 
					los órganos judiciales en segunda instancia mediante la 
					imposición de tasas. El sector de Justicia de UGT considera 
					que debería actuar el mismo principio también en las fases 
					iniciales del procedimiento, tonde también pueden darse este 
					tipo de abusos y acumulaciones.  
					 
					De igual forma el sindicato se opone a que los propios 
					jueces designen a doce de los veinte integrantes del Consejo 
					General del Poder Judicial, algo que a su entender debería 
					hacer el parlamento, como garantía de la soberanía popular.
					 
					 
					El sindicato considera igualmente inadecuada la medida de 
					pena de prisión permanente revisable, que califica como ”el 
					eufemismo que encubre a la cadena perpetua, un tabú mças 
					propia de épocas pretéritas ya superadas de nuestro sistema 
					penal”. 
					 
					UGT entiende como correcta la postura del ministro frente a 
					la modernización de la Justicia, pero recuerda que no debe 
					discriminar “la opinión de las bases”, es decir, gestores, 
					tramitadores y auxiliares judiciales, “pues nuestra opinión 
					es fundamental a la hora de alcanzar un consenso sobre las 
					verdaderas necesidades de la Justicia”, al menos en el 
					ámbito meramente procedinemtal. 
					 
					Además, el sindicato afirma entender la necesaria y urgente 
					entrada de la Oficioa Judicial, pero se opone a las medidas 
					contra el funcionariado público que a su entender pretende 
					imponer el Gobierno para reajustar la economía (externalizaciones, 
					más privatización, reducción del sector público...)  
					 
					Asimismo piden que debe reconocerse que no es un privilegio 
					el tener asegurado un trabajo de por vida, sino que “ello 
					responde a la garantía de imparcialidad en el ejercicio de 
					las funciones públicas”.  
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