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sociedad - SÁBADO, 28 DE ENERO DE 2012

 

sindicatos

FSP-UGT se opone “frontalmente”
a las medidas de Gallardón

CEUTA
Cristina Rojo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

La Federación de Servicios Públicos del Sindicato UGT en Ceuta ha hecho pública su disconformidad con las medidas propuestas el pasado miércoles por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados. A través de una nota de prensa, el sector de UGT-Justicia de Ceuta se centra en su oposición a las medidas anunciadas para terminar con el exceso de litigiosidad y la moderación de los abusos en el acceso a los órganos judiciales en segunda instancia mediante la imposición de tasas. El sector de Justicia de UGT considera que debería actuar el mismo principio también en las fases iniciales del procedimiento, tonde también pueden darse este tipo de abusos y acumulaciones.

De igual forma el sindicato se opone a que los propios jueces designen a doce de los veinte integrantes del Consejo General del Poder Judicial, algo que a su entender debería hacer el parlamento, como garantía de la soberanía popular.

El sindicato considera igualmente inadecuada la medida de pena de prisión permanente revisable, que califica como ”el eufemismo que encubre a la cadena perpetua, un tabú mças propia de épocas pretéritas ya superadas de nuestro sistema penal”.

UGT entiende como correcta la postura del ministro frente a la modernización de la Justicia, pero recuerda que no debe discriminar “la opinión de las bases”, es decir, gestores, tramitadores y auxiliares judiciales, “pues nuestra opinión es fundamental a la hora de alcanzar un consenso sobre las verdaderas necesidades de la Justicia”, al menos en el ámbito meramente procedinemtal.

Además, el sindicato afirma entender la necesaria y urgente entrada de la Oficioa Judicial, pero se opone a las medidas contra el funcionariado público que a su entender pretende imponer el Gobierno para reajustar la economía (externalizaciones, más privatización, reducción del sector público...)

Asimismo piden que debe reconocerse que no es un privilegio el tener asegurado un trabajo de por vida, sino que “ello responde a la garantía de imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas”.
 

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