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					Agentes de la Policía Nacional asistieron ayer, en el cruce 
					de la bajada de Loma Colmenar, a una mujer marroquí que se 
					quejaba de dolores de parto. La señora, que iba vestida con 
					una bata y babuchas, fue atendida por los técnicos de la 
					ambulancia de Soporte Vital Básico que, en torno a las 11.30 
					horas, se desplazó hasta la zona. Tras prestarle los 
					servicios sanitarios básicos oportunos, la ambulancia la 
					trasladó hasta el servicio de Urgencias del Hospital 
					Universitario de Ceuta, donde fue ingresada en la Unidad de 
					Parto.  
					 
					Aunque al parecer la mujer había roto aguas, aún le faltaba 
					bastante dilatación para estar de parto, según explicó a 
					este medio el personal que la atendió, que en un primer 
					reconocimiento no pudo determinar las semanas de gestación, 
					puesto que la mujer, además de no hablar español, tampoco 
					portaba documentación alguna que la identificara, lo que 
					conllevó también que los trabajadores no lograran, en 
					principio, avisar a ningún familiar.  
					 
					El personal sanitario denuncia que son constantes las 
					transfronterizas que se provocan romper aguas para ser así 
					atendidas por la sanidad española gratuita. “No habla ni 
					nada, pero una vez se la ingresa, ya da a luz aquí”, 
					explicaba una trabajadora. “Además, parece que se avisan 
					unas a otras y así les sale gratis el parto”, apuntaban 
					desde Urgencias. “O si no, utilizan la ambulancia como un 
					taxi”, añade.  
					 
					“En muchos casos, pasan la frontera normal con un pase por 
					horas, pero cuando ya están en España se tiran al suelo y 
					empiezan a gritar y a decir que les duele para que venga la 
					ambulancia”, explicaban, desde el 061, hace unos días a EL 
					PUEBLO, a raíz de unos datos publicados por este medio, en 
					su edición del 21 de febrero: “El 35% de los partos 
					atendidos en 2011 en el Ingesa fueron de madres 
					extranjeras”.  
					 
					Respuesta del gerente 
					 
					Mientras, el gerente de Atención Sanitaria del Ingesa, 
					Manuel Ramón Cabeza, explicaba ayer en rueda de prensa que 
					la sanidad no puede dejar de prestar asistencia a quien la 
					requiera: “Como administración pública, tenemos la 
					obligación de facturar a todos los pacientes que vengan; si 
					unos están cubiertos por asistencia sanitaria pública, bien; 
					pero si no, tendrán que facturar, incluidos los 
					transfronterizos. Nosotros llegamos hasta la elaboración de 
					la factura, cómo se consigue después es un tema político. A 
					partir de emitir la factura, son otras administraciones las 
					que tienen que decidir cómo se hace, pero prestar asistencia 
					sanitaria, la prestamos”. 
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