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La normativa de aplicación en Ceuta y Melilla para casos de
construcciones ilegales, el Reglamento de Disciplina
Urbanística 2187/78, ha quedado obsoleto respecto a las
actualizaciones de otras autonomías, donde se pagan multas
mucho mayores. Además, este área está escasamente dotada en
la Ciudad, con un sólo funcionario y personal compartido.
La normativa aplicable en Ceuta y Melilla para casos de
construcción ilegal, el Real Decreto 2187/1978, de 23 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, está, según los
expertos consultados por este diario “obsoleto” y las
sanciones que contempla, muy alejadas de las que se aplican
en otras autonomías. Como dato comparativo, cabe señalar el
de las multas que un infractor paga en las ciudades
autónomas frente a las de Andalucía. En Ceuta, la cuantía de
la multa es de entre el 2,5 y el 5% del valor de la
construcción en el caso de que sea legalizable y de entre el
10 y el 20% si no lo es, mientras que en la comunidad
andaluza puede pagarse entre el 100 y el 300%.
Por otra parte, y a pesar de los “refuerzos” que desde la
Consejería de Fomento se han anunciado, la unidad de
Disciplina Urbanística de la Ciudad está dotada con un solo
funcionario, al que ayuda -en la identificación de los
infractores- un Policía Local. El resto del personal, un
jurídico y tres auxiliares, se comparten con el resto de
servicios que han quedado dentro de la administración local
tras la creación, en la pasada legislatura, de la GIUCE, que
absorbió la mayoría de las competencias de Fomento. En la
Consejería sólo han quedado los servicios de declaración de
ruina, órdenes de ejecución, obras menores, ocupación de la
vía pública, responsabilidad patrimonial y la citada de
disciplina urbanística. El vehículo del que dispone esta
última está también destinado a “servicios diversos”.
Como complemento de la acción de esta unidad de disciplina
deben actuar también en la persecución de estos delitos la
Inspección de Trabajo -pues en muchos casos la construcción
ilegal se realiza por trabajadores indocumentados, y la
Policía Local, encargada del cumplimiento de las ordenanzas.
En el último eslabón de la cadena, la Ciudad ha de notificar
a la Fiscalía los casos en los que se observe la comisión de
un delito, como es por ejemplo, la ocupación, entre otras,
de zonas verdes.
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DISCIPLINA URBANÍSTICA
