| 
                     
					Por segunda vez, la Ciudad Autónoma desistió ayer en su 
					intento de ejecutar una orden de derribo de una obra ilegal. 
					La actuación estaba decidida desde comienzos de mes, pero la 
					semana pasada se pospuso, una vez desplazados al lugar los 
					técnicos de Fomento, la brigada de Obimace y la Policía 
					Local, al argumentar el dueño que tenía “papeles”. De nuevo, 
					se comprobó que la vivienda, de la que en estos días han 
					avanzado las obras, ocupa terreno municipal y que no tiene 
					permiso de construcción. No obstante, la directora general 
					de Fomento, Carolina Pérez, suspendió la demolición ante las 
					quejas de una veintena de vecinos. 
					 
					Por segunda vez, el Gobierno de la Ciudad Autónoma desistió 
					ayer de ejecutar el derribo de una construcción ilegal en el 
					Príncipe. La orden de demolición de las obras, que 
					corresponden a una vivienda de la cual se han construido ya 
					los cimientos, algunos pilares de hormigón y tres paredes de 
					ladrillo, contaba con todos los informes técnicos 
					necesarios. 
					 
					Tal como informó entonces este diario, el pasado día 22, los 
					servicios de la Consejería de Fomento y la Policía Local se 
					movilizaron ya, junto a operarios de Obimace, para derribar 
					esta construcción. En el momento de ejecutarse la orden, el 
					hombre que dice ser propietario de la vivienda aseguró tener 
					“papeles” de la misma. Al día siguiente, ya en dependencias 
					municipales, se comprobó que tan sólo dispone de un recibo 
					de compra de una antigua barraca por la que en los años 70 
					pagó 66.000 pesetas y que hoy no existe. También se 
					volvieron a comprobar los planos catastrales para confirmar 
					que la casa ocupa terreno público, propiedad de la Ciudad. 
					Además, tal como resaltaron desde Fomento, la obra en sí es 
					completamente ilegal pues el promotor no tiene permiso 
					alguno de construcción. 
					 
					Junto al solar para el CNP 
					 
					La edificación se encuentra situada en la parte alta de la 
					vaguada del Príncipe Alfonso que da a Loma Colmenar y 
					desciende hasta la carretera de acceso al hospital. A este 
					lugar se accede por un desvío situado junto a la parcela 
					arbolada en la que el delegado del Gobierno, Francisco 
					Antonio González, afirma que hay “voluntad política” de 
					construir la nueva Jefatura Superior de Policía. Toda la 
					zona es de difícil acceso, y a partir de unos 300 o 400 
					metros, sólo puede transitarse a pie pues las 
					construcciones, muchas de ellas sin terminar, ocupan 
					prácticamente todo el espacio disponible.  
					 
					La directora general de Fomento, Carolina Pérez, se personó 
					ayer en el lugar acompañada de tres vehículos de la UIR y 
					dos ‘zetas’ de la Policía Local y algunos operarios de 
					Obimace, aunque sin maquinaria pesada para el derribo. A las 
					10 de la mañana ya había unas 15 personas concentradas junto 
					a la edificación que iba a derribarse.  
					 
					Tal como hiciera la pasada semana, el propietario de la 
					construcción se acercó a Pérez para defender la legalidad de 
					la obra mostrándole unos papeles. Al poco, se le sumaron 
					otros dos jóvenes que se presentaron como familiares. “En el 
					Príncipe está todo construido (...) Esto era una barraca de 
					mi hijo. Está todo pagado, agua y electricidad, desde el año 
					64”, eran algunos de los argumentos que se escuchaban al 
					defensor de la obra, que afirmaba que la barraca había sido 
					comprada y vendida “de uno a otro que no sabían ni firmar y 
					firmaban con los dedos”. 
					 
					Pérez trataba de explicarles: “Pero es como si le cedo 
					esto”, y señalaba la carretera, “eso no se puede vender”. 
					También le reprochó que en unos días habían aparecido nuevas 
					paredes de ladrillo.  
					 
					“Tenemos derechos”, insistían los vecinos, que afirmaban que 
					en el lugar había “una barraca llena de ratas con peligro 
					para los niños”. El constructor señalaba además otras casas 
					levantadas igual que la suya y con las que “no ha pasado 
					nada”. “En estos sitios que dice estamos actuando, en el 
					centro estamos tirando áticos, a vosotros no podemos daos 
					licencia de un terreno que no es vuestro, que no es legal”, 
					insistía la representante de la Ciudad. El tono de voz del 
					hombre comenzó a crecer: “¡Sólo dios o un terremoto o un 
					tsunami puede tirar todo!”. “...es la ley”, se oyó decir, en 
					tono más bajo a Pérez.  
					 
					Para ese momento, se habían sumado al operativo dos zetas 
					más de la Policía Local, y los trabajadores de Obimace se 
					retiraban a la rotonda donde estaba apostada la UIR. 
					 
					Hacia las 11.00 horas y tras acercarse ella misma a la 
					construcción ilegal -pasando por otra de tres plantas en 
					obras-, Carolina Pérez abandonaba la zona sin ejecutar el 
					derribo. A quienes dicen ser los propietarios de la 
					vivienda, la directora general de Fomento les envió a hablar 
					esa misma mañana con un técnico, un ingeniero, no de la 
					Consejería, de la que depende el área de Disciplina 
					Urbanística, sino de la Gerencia de Infraestructuras y 
					Urbanismo (GIUCE).  
   | 
                		
						
                  | 
                      
					“Juan Vivas es muy bueno, y si viene otro que no entiende de 
					nada y empieza a tirar...” 
					“Juan Vivas es muy bueno, y si 
					viene otro que no entiende de nada y empieza a tirar... Yo 
					sí os conozco... No vamos a entrar así ¡buumm! Yo ingeniera 
					no soy, y yo estoy aquí por la orden que he recibido”. Quien 
					así se expresaba ayer ante el vecino que edifica una casa 
					ilegal en la parcela pública 209-D de la Agrupación Este del 
					Príncipe es Carolina Pérez, directora general de Fomento, 
					que ante las exigencias de los familiares y amigos que se 
					concentraron para “presionar” contra el derribo, tuvo que 
					advertir también que no era “la consejera de Asuntos 
					Sociales”. 
					 
					Ni siquiera los argumentos sobre seguridad sirvieron a 
					Pérez: “¿Cómo van a entrar los bomberos? ¿Y si os pasa 
					algo?”, decía señalando lo angosto de las callejuelas, 
					plagadas de construcciones igual de ilegales. “Pues como 
					llegamos nosotros”, le espetó un hombre.  
					 
					Finalmente, la presión vecinal dio sus frutos, la Policía 
					Local puso una cinta alrededor de la obra y la comitiva de 
					Fomento, Obimace y Policía local dio, por segunda vez, la 
					vuelta y se marchó. 
   |