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Isabel Valriberas Acevedo, decana del Ilustre Colegio de
Abogados de Ceuta, puso ayer de relieve, en el marco del Día
de la Asistencia Jurídica Gratuita, que es “fundamental” el
derecho que tienen los ciudadanos sin recursos a contar con
representación ante la justicia. Es un derecho amparado
constitucionalmente que garantiza que todas las personas
tengan aceso a la justicia.
La decana del Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta quiso
destacar ayer que el acceso a la Justicia “es un derecho
fundamental de los ciudadanos y una garantía de que nadie,
por razones económicas o de otra índole, se puede quedar sin
defensa”.
Las declaraciones de la decana de los abogados ceutíes, que
de hecho es una de las personas colegiadas que ejercen
turnos de oficio y de guardia, para dar ejemplo, indicó que
la justicia gratuita, “amparada constitucionalmente, es un
servicio que prestan eficientemente, con total libertad e
independencia profesional y de forma voluntaria, más de
37.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, en todos
los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de
España”. En este sentido, se garantiza, pues, que todos los
ciudadanos que carecen de recursos económicos suficientes
para defender sus derechos, tengan acceso a la justicia.
Concretamente en Ceuta hay 99 abogados que así lo hacen,
colegiados y bajo la jurisdicción del Ilustre Colegio de
Abogados de Ceuta, que incluso tiene potestad en materia
sancionadora de cara a mantener impoluto el código
deontológico por el que se rigen los abogados colegiados en
Ceuta.
Valriberas puso de relieve que la gestión y organización del
servicio por parte de los colegios de abogados “que tramitan
todas las solicitudes de justicia gratuita que efectúan los
ciudadanos, así como el control deontológico que ejercen con
respecto a la actuación de los abogados de oficio,
garantizan su calidad y continuidad, sin sometimiento a
intereses de ninguna otra índole”.
Y esto es así, teniendo en cuenta que la mayoría de los
casos que llevan adelante los abogados de oficio les
reportan unas minutas que suelen cifrarse en un 10% de lo
que cobrarían en caso de no hacerlo de oficio.
“Ha de reconocerse -señaló Valriberas- igualmente la labor
de los colegios de procuradores y de éstos para garantizar
la representación del ciudadano cuando es preceptiva, así
como la labor de jueces, fiscales, secretarios, funcionarios
en general de la administración de la Justicia y de todos
cuentos intervienen día a día en la salvaguarda de este
derecho”.
Desde la perspectiva de la decana del Ilustre Colegio de
Abogados de Ceuta, “colegios y profesionales se han ido
adaptando, de forma inmediata, a cuantas reformas
legislativas han requerido un mayor desarrollo del
servicio”. En este caso habría que destacar cuestiones como
la violencia de género, juicios rápidos, causas con menores,
extranjería, etcétera.
Añadió Valriberas que del mismo modo, “en la actual
situación económica se está atendiendo el aumento de
solicitudes, con gran esfuerzo individual y colectivo y sin
merma alguna de la calidad del servicio”. Ésto se puede
constatar, por ejemplo, en la calidad de los servicios de
abogacía de oficio tanto en los juzgados de lo Penal como en
las actuaciones que se llevan a cabo en defensa de personas
que son juzgadas también en la Sección VI de la Audiencia
Provincial de Cádiz en Ceuta.
En este contexto, advirtió la decana, “cualquier disminución
de los presupuestos de las administraciones no debe recare
ni sobre los que más padecen la crisis ni sobre los que
tienen que defenderles”. Desde su punto de vista, “recortar
derechos de los más desfavorecidos es recortar su libertad y
es contrario al derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva”.
Isabel Valriberas opina que los abogados de oficio -lo que
ella ejerce, hay que insistirf- “son la auténtica piedra
angular del servicio y sobre ellos recae el peso del mismo y
frente a injustos tópicos sobre esta figura, ha de
subrayarse que es un profesional que ha de acreditar una
experiencia y formación específica”. Entiende, además, que
con la entrada en vigor de la Ley de Acceso mejorará es
calidad.
Los colegios de abogados y, por ende, el de Ceuta, defienden
“una justicia gratuita de calidad, atendida voluntariamente
por profesionales independientes y libres, no sometidos a
injerencias o mandatos de ningún tipo”.
Reivindica el colectivo, también, “el reconocimiento, a
todos los niveles, de la figura y labor del abogado de
oficio, cuyo esfuerzo y profesionalidad resultan encomiables
e indispensables para que el Estado de Derecho sea real y
plenamente efectivo”.
En este sentido, desde el Ilustre Colegio de Abogados de
Ceuta, y en boca de su decana Isabel Valriberas, se rechaza
“cualquier intento de recorte de esos derechos y garantías
básicas de los ciudadanos, que supongan la indefensión de
los colectivos más desprotegidos y vulnerables”. Por ello,
exigen “el cumplimiento íntegro y puntual de las
obligaciones contraídas por las diferentes administraciones
competentes para con los profesionales que prestan el
servicio que, en todo caso, han de ser retribuidos en las
condiciones de dignidad que la Ley 1/96 prevé”.
En este sentido, el Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta
propone que hay que insistir “en el compromiso histórico de
la Abogacía en esta materia y en la búsqueda constante e
incondicional, conjuntamente con todas las administraciones
y operadores intervinientes, de cuantos instrumentos y
medidas resulten eficaces para conseguir la mejora del
servicio en todo aquello que sea posible y redunde en una
mejor defensa de los derechos de los ciudadanos”.
Desde el Consejo General de la Abogacía Española,
finalmente, se puso de relieve que “sirva como ejemplo de
esta jornada y de las anteriores consideraciones la izada de
la bandera de la justicia gratuita y aplaudamos con ella el
trabajo de todos quienes la hacen posible día a día”.
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